Santiago y la Ciudad de México remitieron al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) la situación de Palestina para la investigación de posibles crímenes contra civiles en dicho territorio, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del país azteca este 18 de enero a través de un comunicado.
En la nota de prensa, la cancillería mexicana, encabezada por Alicia Bárcena, explica que la remisión se fundamenta en los artículos 13 y 14 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que permite a un Estado parte remitir al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedirle que investigue la situación para determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas.
«La intervención de la CPI cobra particular relevancia ante los numerosos informes de Naciones Unidas que dan cuenta de muy numerosos incidentes que pueden constituir crímenes de la competencia de la CPI de acuerdo con el Estatuto de Roma», afirmaron los Gobiernos de ambos países latinoamericanos ante la situación en Palestina.
Si bien el Gobierno del presidente Gabriel Boric, a través de su embajadora ante las Naciones Unidad, Paula Narváez, ya había anunciado a comienzos de mes que Chile haría una presentación en la Corte Penal Internacional (CPI) para que se investigue la situación de Palestina en Gaza, este anuncio en conjunto marca un endurecimiento de la postura mexicana contra el accionar de Israel; sin embargo, el Estado hebreo no es mencionado en el comunicado de la SRE mexicana.
Y es que la Administración del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio del conflicto, el pasado 7 de octubre, ha reiterado varias veces que se mantendría «neutral», dadas las relaciones del país latinoamericano tanto con Palestina como con Israel.
En ese sentido, la cancillería mexicana aclara que la presentación ante la CPI de ambos países obedece «a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte, específicamente a partir del ataque del 7 de octubre de 2023, llevado a cabo por militantes de Hamás y las hostilidades posteriores en Gaza».
La dependencia indica en el comunicado que la Corte Penal Internacional puede investigar posibles crímenes cometidos en Palestina porque desde el 1 de abril de 2015 pertenece al Estatuto de Roma, en un escenario en que las acciones israelíes contra Gaza acumulan más de 23.000 personas asesinadas, la mayoría mujeres y niños.
Además, la cancillería mexicana afirma que los tribunales palestinos no están en condiciones de llevar adelante investigaciones sobre posibles crímenes cometidos en su territorio debido al «colapso prácticamente total de la infraestructura nacional de justicia» que ha provocado el asedio persistente israelí contra el enclave.
«México reitera su compromiso con la justicia internacional, la prevención del genocidio y otros crímenes de guerra y contra la humanidad. Asimismo, confía en que estas acciones, basadas en la solución pacífica de controversias, puedan abrir espacios para un cese al fuego inmediato y contribuyan a allanar el camino para una paz duradera en la región sobre la base de la solución de dos Estados que convivan dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas», finaliza la nota de prensa.
El reclamo formal de México y Chile llega luego de que Sudáfrica acusara a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio, acción que obtuvo el respaldo de numerosos países del sur global, entre ellos naciones latinoamericanas como Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia y Cuba, además de Namibia, Turquía, Pakistán, Jordania, Bangladesh, Malasia, la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica (OCI).
Además, a finales de diciembre un grupo de más de 100 abogados chilenos, la mayoría miembros de la comunidad palestina en ese país sudamericano (la más numerosa del mundo fuera del ámbito árabe) presentaron una denuncia ante la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el ministro de Defensa, Yovad Gallant, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa (FDI), Herzi Halevi, acusándolos de cometer delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra en Gaza.