La Dirección General de Persecución del Ministerio Público (Digepemp) explica en el expediente acusatorio contra los siete implicados en la red de estafadores inmobiliarios –Operación Nido– que en su proceder vendían proyectos basados en inmuebles sobre los que no tenían ningún derecho de propiedad, perteneciendo estos a terceras personas e incluso vendieron decenas de proyectos y unidades inexistentes.
Los apartamentos ilegalmente vendidos superan los 300, al igual que el número de víctimas. Todavía el proceso investigativo está en marcha.
La alegada estafa inmobiliaria a gran escala sobrepasa los 700 millones de pesos, y fue ejecutada, además de los siete implicados, por dos empresas, de acuerdo al documento.
Por el caso están detenidos, Emmanuel Rivera Ledesma, principal señalado, y los imputados Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, y Juan Omar Rosario López.
El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo por señalamientos de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos.
Durante la investigación se ocuparon evidencias que demuestran que el imputado Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce. Por igual, se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.
A raíz de la investigación, el imputado Emmanuel Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.
También buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.
«Utilizaron abogados y contables, quienes, a pesar de ser sujetos obligados, entraron al esquema fraudulento para darle al entramado apariencia de legalidad y estabilidad financiera, así como también, asesorar para encubrir sus maniobras fraudulentas», dice el documento oficial del órgano acusador.
Asimismo, los encartados movilizaron millonarias cantidades de dinero por cuentas particulares, sin ningún tipo de justificación ni soporte financiero y el líder de la organización criminal –Emmanuel Rivera– amenazaba, insultaba e intimidaba a las víctimas ante quienes presumía de sus supuestos contactos dentro y fuera del sector justicia, asegura el MP.