Pacheco confirmó que el informe acusa a miembros del pleno fiscalizador de usurpar funciones, entregar informes incompletos y nombrar personal de forma irregular
Miembros titulares de la Cámara de Cuentas cometieron más de cinco faltas graves que pudieran llevarlos a un juicio político en el Senado, según hizo constar un informe de una comisión de diputados.
El equipo especial de congresistas, presidido por Rogelio Alfonso Genao, estableció en su informe que los funcionarios del órgano fiscalizador ocultaron importantes auditorías, alteraron actas del Pleno, ejecutaron operaciones administrativas irregulares, usurparon funciones de otros miembros y entregaron informes sin sustento.
Los detalles del documento los reveló el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien destacó que las imputaciones citadas «son solo algunas» de todas las acusaciones que contiene el informe de los legisladores.
Detalles de las faltas
En detalle, Pacheco precisó que el informe acusa a los miembros de la Cámara de Cuentas de realizar auditorías y esconderlas, y agregó que esta revelación la hicieron los propios funcionarios cuando fueron interrogados en el Congreso.
Según el presidente de los diputados, la comisión también evidenció que las actas del pleno de la entidad auditora eran «alteradas» con fines desconocidos, lo que despertó la alerta de la comisión investigadora
«No nos vamos a quedar de brazos cruzados a sabiendas de que hay faltas graves en la Cámara de Cuentas» Alfredo Pacheco, Pdte. Cámara Baja“
Además, el informe puntualiza que varios miembros de la Cámara de Cuentas realizaban maniobras administrativas irregulares y además nombraban y movían personal de forma ilícita.
Todo el movimiento de personal, de acuerdo con las declaraciones de Pacheco, se hacía sin el consentimiento del presidente de la institución, quien además era irrespetado en la entidad.
Sesiones ilegales
Como lo detalla el informe, algunos miembros de la Cámara de Cuentas abrían sesiones de trabajo aun cuando el presidente del órgano las había cerrado, cometiendo así usurpación de funciones.
Otra falta hallada por la comisión de diputados es la entrega de informes fiscalizadores que hacían los miembros de la Cámara de Cuentas que, según Pacheco, no cumplían con los requerimientos mínimos para ser recibidos en el Poder Legislativo porque no estaban sustentados en la Constitución ni en los reglamentos de la Cámara Baja.
Comisión tiene pruebas
La comisión especial de diputados que investigó a la Cámara de Cuentas tiene evidencias de todas las faltas graves encontradas en la institución y las plasmó en el informe, según manifestó Pacheco. En las próximas sesiones de la Cámara Baja, las acusaciones serían presentadas y debatidas.
En ese orden, destacó que las falencias que citó «son sólo algunas» de todas las que están expuestas en el documento y dijo que sus declaraciones «se quedan cortas» ante lo revelado en el informe, por lo que reiteró que las fallas ameritan un juicio político por la gravedad de los hechos.
«Nos vamos a mantener firmes en el propósito de que el Pleno (diputados) conozca esa situación ya que se tomó la determinación con un informe concluyente que sugiere un juicio político», expresó.
Asimismo, afirmó que el informe acusatorio es «sustancioso» porque contiene pruebas documentales y audiovisuales que comprueban el cometido de actos irregulares a lo interno de la institución fiscalizadora.
No hay armonía en la entidad
Todos estos hechos irregulares se cometieron en la Cámara de Cuentas por la «falta de armonía» en la institución que, de acuerdo con el congresista, es razón suficiente para que los miembros titulares sean sometidos a un juicio político.
Pacheco recordó que, en otras ocasiones, el Senado cuestionó a pasadas gestiones de la Cámara de Cuentas sólo por la falta de acuerdo entre sus miembros.
Declaró que en pasadas reuniones, él y Eduardo Estrella intentaron lograr la armonía entre Janel Ramírez, Elsa Catano, Elsa Peña, Mario Fernández y Tomasina Tolentino.
Por medio a la aprobación de una resolución, la Cámara de Diputados decidió indagar en las acciones de la entidad tras las revelaciones de Ramírez, que se consideró como preso de confianza.