Lima. El gobierno peruano declaró ayer que las autoridades harán un uso legal de la fuerza para garantizar la seguridad durante las protestas convocadas para la próxima semana por sindicatos y agrupaciones de izquierda.
Las protestas, desde el 19 de julio, pretenden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas y una nueva Constitución.
“Invocamos a las autoridades a aplicar conforme a ley el uso legítimo de la fuerza y a garantizar la seguridad e integridad de quienes participarán en la marcha, así como la paz y tranquilidad de quienes deciden no hacerlo”, declaró el primer ministro Alberto Otárola, quien leyó un comunicado tras una reunión del Consejo de Estado, conformado por los líderes de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
El gobierno extendió esta semana por 30 días el estado de emergencia en las principales redes viales del país, medida que restringe las libertades civiles y permite a la policía y el ejército mantener el control de las zonas en conflicto.
Las protestas sacudieron Perú desde diciembre hasta marzo, después de que el ex presidente Pedro Castillo fue destituido y arrestado, luego de intentar disolver el Congreso. Tras el suceso, la vicepresidenta Boluarte asumió el poder para cumplir el mandato presidencial.
Los organizadores de las nuevas protestas, a las que han denominado “La tercera toma de Lima”, afirman que movilizarán a miles de personas a la capital de Perú, principalmente desde el sur del país, donde están las mayores minas del país.
Organismos de derechos humanos afirman que en la más reciente ola de protestas hubo abusos de las fuerzas de seguridad y ejecuciones extrajudiciales.
La policía anunció que desplegará a 8 mil agentes antidisturbios y que ya está controlando las vías de ingreso a la ciudad de Lima.
El depuesto Pedro Castillo denunció en una audiencia judicial estar “secuestrado” en prisión desde hace siete meses. “Hasta día de hoy no tengo derecho a tener una comunicación con mis hijos, con mis padres, mi familia. Puede quitarme la libertad, pero no puede quitarme el derecho a comunicarme”, manifestó.
Reuters y Europa Press