Jorge Enrique Botero
Bogotá. La espectacularidad con la que la Fiscalía General de Colombia realizó la captura de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, ha contrastado este domingo con la torpeza de los fiscales para legalizar su detención, al no garantizar la presencia de los abogados defensores en la diligencia judicial.
El cuestionado fiscal Mario Burgos, quien lleva el caso, recibió una dura reprimenda de la juez primera de garantías de Bogotá por la improvisación que demostró en su primer intento de legalizar la captura de Petro y la de su ex esposa, Day Vázquez, también acusada de enriquecimiento ilícito.
Burgos, acusado por numerosos juristas locales de beneficiar a jefes paramilitares y a empresarios y políticos vinculados a redes criminales, tuvo que iniciar de cero los trámites de legalización, paso previo a la imputación de cargos contra los dos detenidos. Al terminar el día, finalmente fueron legalizadas las capturas, así como los allanamientos que se hicieron en la madrugada del sábado en las residencias de los imputados, en la ciudad de Barranquilla.
Fuentes cercanas al caso subrayaron que, pese a estar en el mismo banquillo de los acusados, el futuro judicial de Nicolás Petro y el de su ex esposa marchará por sendas opuestas, hasta el punto de que Vázquez podría convertirse en la principal testigo contra el hijo del presidente.
Luego de un tormentoso divorcio, Vázquez fue quien reveló la supuesta llegada de millonarios recursos a las arcas de su ex marido, quien –según dijo– aparentaba estar recaudando fondos para la campaña electoral de su padre a la presidencia en 2022 con el fin de enriquecerse.
Pero más allá de los detalles jurídicos de este episodio, con el paso de las horas va quedando en evidencia, según analistas locales, la intención de convertir un lío judicial y matrimonial en un gran escándalo político para afectar la imagen y la gobernabilidad del presidente Petro.
Procurador de la oposición
En declaraciones a La Jornada, el analista político Horacio Duque recordó que “hoy en Colombia el jefe de la oposición al gobierno es el mísmisimo fiscal general, Francisco Barbosa”, destacando que contrasta la espectacularidad y celeridad de la captura de Nicolás Petro con la inacción de la Fiscalía en casos similares como el del ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga a cuya campaña, según se demostró hace dos semanas, ingresaron subrepticiamente un millón 600 mil dólares de la multinacional Odebrecht.
Según Duque “la acusiosa labor de la fiscalía en el caso de Nicolás Petro contrasta con la aterradora impunidad de 94 por ciento en las investigaciones que lleva la Fiscalía sobre casos de corrupción a funcionarios públicos de anteriores gobiernos y actores políticos de los partidos tradicionales”.
Otros juristas han calificado esta detención de jugada del fiscal general y de las fuerzas de derecha que él representa para impedir que el presidente Petro pueda presentar una terna de candidatos a suceder a Barbosa, quien termina su periodo este año.
La Constitución colombiana establece que al Fiscal General lo elige la Corte Suprema de Justicia de una terna enviada por el presidente, quien tendría que declararse impedido en este caso, ante el hecho de que su hijo esté imputado por la propia Fiscalía.
Una hora después de conocer la noticia de la captura de Nicolás, el presidente Petro reaccionó advirtiendo que el gobierno no interferirá ni presionará a la Fiscalía, actitud que ha sido comparada en varios medios con la asumida por el ex presidente Álvaro Uribe cuando algunos de sus parientes estuvieron en líos judiciales y él llamó en tono amenazante a los magistrados que llevaban los casos.