Felipe Lora Longo
Tan pronto como el director ejecutivo del Gabinete del Agua, Gilberto Reynoso, informó que este lunes 14 de agosto de 2023 será firmado el “Pacto Dominicano por el Agua” decenas de organizaciones ambientalistas, sociales y gremiales usaron sus limitados recursos para informarle al gobierno y al pueblo que, en las condiciones actuales, considerando el contradictorio proceder del gobierno respecto al agua, la falta de consenso real entre las instituciones participantes y el lenguaje usado en el documento que no deja todavía de ser ambiguo, no firmaran del pacto.
Con esta acción, la representación civil en la Mesa del Agua ha dado un paso significativo en de defensa de los valores y derechos del pueblo dominicano. Este movimiento de insubordinación civil, liderado por organizaciones destacadas como la Red Socioambiental Nacional, el Sector Social del Consejo Económico y Social (CES) y el Sindicato de los Trabajadores del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (SITRACORAASAN), envía un mensaje claro: los principios democráticos, la transparencia y la protección de un recurso vital están por encima de una firma apresurada.
Las razones detrás de esta negativa son sólidas y fundamentales. Según las varias decenas de organizaciones que conforman la Red Socioambiental Nacional, el gobierno ha desestimado la importancia de la Mesa del Agua y ha firmado un convenio ilegal e inconstitucional con la empresa israelí Mekorot para la “elaboración de un Plan Maestro de Gestión del Agua”, sin considerar lo que en la Mesa se estaba acordando y sin la correspondiente consulta pública.
Del mismo modo han señalado la falta de transparencia en la inversión necesaria para respaldar el Pacto por el Agua, pues se presentaron datos aislados de sus correspondientes estudios técnicos, lo cual les ha dejado un agujero de incertidumbre, socavando la confianza en la autenticidad del compromiso por parte del gobierno y han alegado que las cifras presentadas carecen del respaldo de suficientes estudios técnicos y económicos sólidos, lo que plantea dudas legítimas sobre la viabilidad del plan.
Por si esto fuera poco, la mayoría de las organizaciones civiles del Consejo Económico y Social (CES) argumentan que la “Mesa Temática de Agua necesita completar el proceso de discusión de algunos temas pendientes” y que “el Plenario del Diálogo por las Reformas, entidad encargada de tomar la decisión final sobre todos los temas, no ha sesionado sobre el documento que se pretende firmar”.
Además, la preocupación ante las manifiestas tendencias gubernamentales hacia la privatización del agua, lo cual ha inquietado a la sociedad civil. Las leyes previamente aprobadas y las acciones ambiguas han levantado banderas rojas sobre la protección y el acceso equitativo a este recurso fundamental. En una nación donde el agua es esencial para la vida y el bienestar de todos los ciudadanos, esta preocupación es totalmente justificada.
Este rechazo colectivo de la sociedad civil envía un mensaje claro y contundente a las autoridades gubernamentales: la firma del Pacto por el Agua no puede ser tomada a la ligera, es un recordatorio de que la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas son esenciales en la construcción de políticas y decisiones que afectan a la población.
La negativa a firmar el Pacto por el Agua no es simplemente un rechazo a un documento; es un rechazo a la falta de transparencia, a la posible privatización de un recurso vital y a la ausencia de un debate genuino en un asunto que afecta a cada dominicano. Es un mensaje directo a las autoridades de que los ciudadanos exigen y merecen un proceso justo y participativo en la toma de decisiones sobre cuestiones que impactan en sus vidas diarias.
En este momento crítico, la sociedad civil ha demostrado que está dispuesta a alzar la voz y defender lo que cree que es justo y necesario. La acción de organizaciones como el CES, la Red Socioambiental Nacional y SITRACORAASAN refuerza aún más la determinación de proteger los intereses de todos los ciudadanos. Estas organizaciones merecen nuestra admiración, respeto y apoyo.
Por un dominio hídrico público, cuidado y administrado por los dominicanos para los dominicanos.