Las organizaciones plantearon la reducción de los lujosos salarios públicos, gastos millonarios de publicidad, así como la revisión de las exenciones fiscales
Santo Domingo.- Varias organizaciones rechazaron este viernes el plan anticrisis anunciado por el gobierno dominicano, para preservar la estabilidad macroeconómica y sostener la inversión pública, en el marco de la crisis económica registrada en el mercado internacional.
La Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo ( Acadisando) y el Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (Ircarp) solicitaron al presidente Luis Abinader la inmediata detención de esta «reforma».
Los gremios consideraron que la propuesta debería ser presentada a la ciudadanía, a través de las organizaciones sociales del Gran Santo Domingo, de modo que la población conozca los planes del mandatario y de su equipo económico.
Reducción de salarios públicos
Las organizaciones rechazaron cualquier intento de reforma fiscal que contemple el aumento de impuestos y los productos de primera necesidad, al considerar que «el pueblo dominicano ya no aguanta más».
Además, plantearon la reducción de salarios públicos, especialmente de los funcionarios, así como la revisión de las exenciones fiscales.
Los dirigentes Alexis Rafael Peña, Angel Molina, Barbina Herrera, Altagracia Brand, Fiordaliza Guzmán, Ynocencio Reyes, Felicita Dismehy, Arsenio Pineda, Danny Feliz, Fabio Correa y Santo Carvajal Santo exigen un debate amplio con la participación ciudadana.
Plan Anticrisis
Las medidas presentadas por el gobierno incluyen amnistía tributaria, mantener programas sociales a sectores más vulnerables y eliminar anticipo a microempresas.
La principal medida de consolidación fiscal es una sobretasa de tres puntos porcentuales al Impuesto sobre la Renta (ISR) Empresarial, que se elevaría a 30 % durante tres años, aplicable exclusivamente a los grandes contribuyentes con ingresos superiores a RD 1,000 millones anuales.
La iniciativa contempla también disposiciones orientadas a reducir la presión fiscal sobre segmentos de menores ingresos.
Asimismo, incrementa la deducción por gastos educativos del 25% al 30%, y hasta el 50% cuando los gastos beneficien a personas con discapacidad o trastornos del neurodesarrollo.
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