Santo Domingo.– Un total de 69 funcionarios públicos de alto nivel fueron identificados con registros activos como proveedores del Estado, una condición expresamente prohibida por la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, lo que llevó a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) a disponer la suspensión de oficio de sus Registros de Proveedores del Estado (RPE).
Entre los casos de mayor jerarquía figuran el ministro de la Energía y Minas, Joel Santos Echavarría; el exministro de Salud Pública, Víctor Elías Atallah Lajam; y el ministro Francisco Oliverio Espaillat Bencosme (actual ministro de Agricultura), quien también aparece en el listado oficial.
Asimismo, se incluye al exministro de Agricultura, Limber Cruz López, lo que evidencia que la medida alcanza tanto a funcionarios en funciones como a algunos que han ocupado recientemente cargos públicos.
La normativa vigente establece que ministros, viceministros, legisladores, directores y otros altos cargos no pueden contratar ni formar parte de empresas proveedoras del Estado, como parte de un régimen de inhabilidades absolutas diseñado para evitar conflictos de interés en el manejo de recursos públicos.
Esta disposición está contenida en la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, promulgada en julio de 2025 y entrada en vigencia el 27 de enero de 2026, tras agotarse el plazo de 180 días establecido para su implementación.
No obstante, la inclusión en este listado no implica necesariamente que estos funcionarios tuvieran contratos activos con el Estado, sino que estaban inscritos en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) mientras ejercían funciones públicas, lo que constituye una incompatibilidad legal y motivó la suspensión preventiva.
Además de los ministros, la medida impacta a un grupo amplio de viceministros, entre ellos Fernando Hiram Taveras Rodríguez, Julio Ramón Cordero Espaillat, Noel Rafael Báez Paredes, Oliver José Nazario Brugal, Opinio Antonio Díaz Vargas, Samuel Taveras Tiburcio, Antonio Palma Larancuent, Anyelo Ramírez Bido, Elías Antonio Santana Germán y Tomasina Pascual Fanit, quienes también aparecen vinculados a registros de proveedores o sociedades comerciales.
El listado incluye igualmente a una amplia representación del cuerpo diplomático, con embajadores y cónsules generales como Ana Emilia Báez Santana, Ana Idalia del Rosario Castellanos Khoury, Elvis Antonio Alam Lora, Georges Bahsa Hazim, Guillermo Gómez Canaan, Guina Marys Serrata Encarnación, Juan Bolívar Díaz Santana, Luis Bienvenido García Mercado, Ricardo Tomás Polanco Reinoso, Félix Aracena Vargas, Flavio Amaury Rondón de Jesús, Jorge Marte Báez, Geanilda Vásquez Almanzar, Gloria Claritza Guevara Arboleda y José Luis Díaz Quezada, entre otros.
También figuran directores ejecutivos y generales de distintas instituciones, como Maximiliana Manzueta Morel, Yunior Esteban Torres Ayala, Alexis Antonio Alcántara Dionicio, Carlos José Then Contin, Eladio Arnaud Santana, Jean Luis Rodríguez Jiménez, Milton Teófilo Morrison Ramírez, Rafael Abraham Burgos Gómez, Mildred Gabriela Martínez Mejía, Demetrio Antonio Vicente Ureña, Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni y Cristian Arcadio Morel Guzmán, así como subdirectores y otros cargos administrativos.
En el ámbito político y municipal, la lista incluye al senador Moisés Ayala Pérez, la vicealcaldesa Belkis Josefina Candelier Rosario y otros funcionarios vinculados a gobiernos locales y órganos colegiados.
Contrataciones Públicas explicó que la suspensión del RPE no tiene carácter sancionador, sino que se trata de una medida administrativa preventiva que busca garantizar el cumplimiento de la ley, evitar conflictos de interés y fortalecer la transparencia en los procesos de compras públicas.
La disposición establece que la inhabilitación se mantendrá mientras los funcionarios permanezcan en sus cargos y se extenderá hasta seis meses después de su salida, en línea con lo dispuesto por la legislación vigente.
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