Relatora de la ONU: «Israel ha tratado al pueblo palestino como amenaza que debe eliminarse»

Israel utiliza actos genocidas para realizar una limpieza étnica en la Franja de Gaza y los territorios ocupados, denunció este 30 de octubre la relatora especial de la ONU para los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, Francesa Albanese, durante la presentación de su último informe sobre la situación en Palestina.

Ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la relatora independiente aseveró que son necesarias «medidas urgentes para garantizar la plena aplicación de la Convención contra el Genocidio y la plena protección de los palestinos».

Lo anterior porque, en palabras de la alta funcionaria, «existe el riesgo» de que el genocidio se extienda a otros palestinos que viven bajo dominio israelí.

El documento de 35 páginas detalla los actos que, a decir de la experta, constituyen «los patrones de conducta que ponen de manifiesto la intención [de Israel] de emplear actos genocidas como medio para depurar étnicamente la totalidad o parte del territorio palestino ocupado».

A finales de enero,  la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel que adopte todas las medidas necesarias para impedir el genocidio en el enclave palestino y proporcionar con urgencia asistencia humanitaria a la población.

Más adelante, la CIJ le ordenó al país hebreo tomar todas las medidas el 28 de marzo,  necesarias y pertinentes para garantizar inmediatamente el suministro de servicios básicos y ayuda humanitaria a los palestinos en la Franja de Gaza, que comenzó a morir de hambre debido a la privación de alimentos y necesidades básicas ocasionada por los bloqueos israelíes al ingreso de suministros vitales y ayuda humanitaria.

Más de siete meses después, de acuerdo con el último informe elaborado por Albanese, el país hebreo no solo no ha acatado los fallos de la CIJ, sino que aplicado una «política de tierra quemada» que ha dado lugar a «la destrucción calculada de Gaza».

En ese sentido, el documento da cuenta de que, desde marzo de este año, Israel ha perpetrado más de 93 masacres en el enclave, asesinando a 10.037 palestinos e hiriendo a 21.767, con lo que las cifras totales declaradas ascienden a unos 42.000 muertos y 7 96.000 heridos.

No obstante, precisa que las fuentes fiables son incompletas y posiblemente subestiman las bajas.

Además, según el documento, Israel ha atacado reiteradamente lugares de distribución de ayuda, tiendas de campaña, hospitales, escuelas y mercados mediante un uso indiscriminado de fuego aéreo y francotiradores.

Así, la relatora resalta que «la magnitud de la destrucción en Gaza ha suscitado acusaciones de domicidio, urbicidio, escolicidio, medicidio, genocidio cultural y ecocidio».

«El ecosistema está contaminado con casi 40 millones de toneladas de escombros, que incluyen municiones sin detonar y restos humanos. La propagación de enfermedades como hepatitis, infecciones respiratorias, diarrea, enfermedades cutáneas se ve favorecida por factores como la presencia de más de 140 vertederos temporales, la acumulación de 340.000 toneladas de desechos, las aguas residuales sin tratar y el desbordamiento de aguas de desecho», relata el informe.

Por lo anterior, la relatora concluye que, tal como prometieron los dirigentes israelíes, «se ha conseguido que Gaza deje de ser apta para la vida humana«.

Asimismo, explicó que la «conducta genocida de Israel, oculta detrás de falsos relatos israelíes de una guerra librada en ‘legítima defensa’, debe observarse dentro de un contexto más amplio».

Dicho en otras palabras, para la relatora, el verdadero objetivo de Israel no es el de la «legítima defensa», sino el de conformar el «Gran Israel», un concepto de nación que incluye a Cisjordania y todos los territorios ocupados.

Dado que el plan israelí denunciado por Albanese «amenaza con suprimir a la población autóctona palestina», la relatora aseguró que las acciones israelíes en el enclave palestino suponen «una mancha en el sistema internacional y en la humanidad».

Por esa razón, hizo un llamado a todos los Estados miembros de cumplir con su obligación jurídica y actuar con la diligencia debida, «dado el riesgo claramente grave de violación continuada de la Convención contra el Genocidio y de los Convenios de Ginebra».


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