El presidente Luis Abinader y El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, repudiaron en días consecutivos la solicitud del experto en derechos humanos para Haití del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, William O´Neill sobre que detenga las repatriaciones haitianas.
«Que actúen con responsabilidad como debieron actuar preocupados por los Derechos Humanos, tienen que preocuparse por todos los problemas que están sufriendo, las personas y los ciudadanos pobres de Haití, que se le están afectando los Derechos Humanos, no aquí, por lo tanto, que no le pidan a la República Dominicana que renuncie a sus derechos y además de aplicar su Constitución», respondió el mandatario este sábado.
Abinader fue enfático en que «la política migratoria de la República Dominicana solo la hacen los dominicanos», al advertir que las deportaciones continuarán pese a la postura que tengan los organismos internacionales en el tema porque están amparadas en la Constitución.
Este viernes la Cancillería General de la República, mediante un comunicado, calificó de «desproporcionada e irrazonable» esa solicitud basada según el proponente en el estado de inseguridad que vive esa nación porque es pretender que los dominicanos carguen con la responsabilidad de asegurar el bienestar social de los haitianos.
El organismo que rige la política exterior dominicana la migración haitiana ha sido masiva en los últimos años y que solo el pasado años y que solo en el 2022 se repatrió a 120,900 extranjeros irregulares, de los que la inmensa mayoría son haitianos.
«Para un país de nuestras dimensiones, esa cifra de inmigrantes irregulares es imposible de acoger, sin que se generan graves conflictos sociales y una presión inadmisible en el presupuesto nacional», indica el comunicado.
Sostiene que la crisis política, de seguridad y humanitaria que vive Haití requiere una respuesta inmediata a la reiterada solicitud del primer ministro haitiano, Ariel Henry, sobre el envío de una fuerza internacional de seguridad en apoyo a la policía haitiana, para frenar el control que tienen las pandillas sobre la mayor parte de la capital haitiana.
Precisa que, en los últimos tres años, el país promedia más de 35,000 partos de madres haitianas en los hospitales públicos. Agrega que el costo de estos servicios lo asume el gobierno, con dinero del contribuyente dominicano.
Recordó que estadísticas del Servicio Nacional de Salud (SNS) muestran de «manera fehaciente» el fuerte impacto en el gasto público de los servicios sociales que se ofrecen a los migrantes irregulares. Indica que en 2018, el 12.5 % de los nacimientos en toda la red pública correspondían a madres haitianas. Esta proporción «aumentó dramáticamente» al 23.7 % en 2019, al 27.2 % en 2020, al 30.5 % en 2021, al 33.1 % en 2022 y al 34 % en 2023 (según datos hasta mayo).
«Después de 19 años bajo un mandato de las Naciones Unidas, los diversos voceros de esa organización deben cuidar sus pronunciamientos para evitar la promoción de la emigración irregular haitiana como solución al padecimiento de ese pueblo. Naciones Unidas debería redoblar sus esfuerzos para contribuir al restablecimiento de la paz, la seguridad y la institucionalidad democrática en ese país. Reconocemos el interés de todos los actores que se preocupan por Haití, pero queremos enfatizar que la situación interna de ese país nunca será impedimento para la plena aplicación de la legislación dominicana», agregó el documento.