Por Iván Suriñach
El reciente descubrimiento de un esquema de fraude millonario en la facturación del Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha puesto en evidencia no solo la vulnerabilidad del sistema sanitario dominicano, sino que también reabre un capítulo histórico marcado por múltiples casos de corrupción, robos al Estado y la persistente impunidad que caracteriza la justicia dominicana ante estos delitos.
Entre enero de 2021 y septiembre de 2024, más de 40 millones de pesos dominicanos fueron desviados mediante facturaciones fraudulentas en Senasa, con autorizaciones de procedimientos médicos y consultas realizadas sin el consentimiento ni conocimiento de los afiliados, causando un daño severo a los fondos públicos y a la sostenibilidad del sistema de salud. Este fraude, denunciado formalmente a la Procuraduría General de la República, no es un hecho aislado sino la punta visible de un iceberg de corrupción sistémica que afecta no solo al área de salud sino a múltiples rubros estatales.
Históricamente, la República Dominicana ha enfrentado numerosos escándalos de corrupción y malversación de recursos públicos que permanecen impunes o resueltos con sanciones simbólicas. Desde desfalcos en obras públicas, hasta fraudes en entidades financieras, estos casos han erosionado la confianza ciudadana en las instituciones. Por ejemplo, en junio de 2025, la Policía Nacional desmanteló una estructura vinculada a un millonario fraude bancario tras 34 allanamientos simultáneos en Monseñor Nouel, con varias personas arrestadas y evidencias de manipulación tecnológica para desviar fondos. Este caso es apenas un reflejo de la magnitud de los problemas en la administración estatal y la criminalidad organizada.
En el campo de la salud, uno de los sectores más sensibles, los fraudes a sistemas de seguros médicos también constituyen un fenómeno habitual. Las pérdidas en 2024 se estiman en un 8% del gasto total en salud, superando los 6,000 millones de pesos en facturas fraudulentas, según investigaciones periodísticas y reportes oficiales. Este problema afecta a pacientes y médicos honestos, vulnera la sostenibilidad del Plan Básico de Salud y daña gravemente la imagen del sector.
La denuncia pública y la valentía de periodistas como Alicia Ortega han sido cruciales para sacar a la luz estas prácticas ilegales que durante años fueron un “secreto a voces” dentro de las propias Administradoras de Riesgos de Salud (ARS). Sin embargo, el impacto de estas exposiciones se ha visto limitado por la falta de acciones contundentes desde el sistema judicial, que suele mostrar lentitud, opacidad y una gran tasa de impunidad.
En paralelo, el Estado ha intentado fortalecer la fiscalización, como lo muestra el caso de la Tesorería de Seguridad Social (TSS), que reportó 13,120 registros fraudulentos y denunció más de 288 casos ante el Ministerio Público, representando un daño económico para el sistema superior a los 60 millones de pesos. Estas acciones evidencian la existencia y detección de irregularidades, pero también la dificultad para lograr resultados efectivos y sanciones ejemplares.
La impunidad persistente que caracteriza estos casos se deriva de múltiples factores: deficiencias institucionales, falta de voluntad política real, influencia de intereses económicos poderosos y un sistema judicial sobrecargado y cuestionado. Mientras estos males persistan, los fraudes al Estado seguirán deteriorando las finanzas públicas, limitando la inversión en servicios esenciales y profundizando las desigualdades sociales.
En conclusión, el fraude millonario a Senasa no es una sorpresa aislada, sino la manifestación actual de una problemática histórica de corrupción y falta de justicia en la República Dominicana. La exposición del caso debe ser un punto de inflexión para exigir transparencia, fortalecer los controles en el gasto público y garantizar que quienes cometen estos delitos enfrenten sanciones reales. Solo así se podrá preservar la integridad de los sistemas públicos y la confianza ciudadana.
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