Bruselas, 31 may (EFE).- Las autoridades belgas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo remitieron a la justicia del país en 2023 transacciones sospechosas por un valor récord de 2.427 millones de euros, un fenómeno que vinculan al aumento del tráfico de drogas.
La Célula de Tratamiento de Informaciones Fiscales (CTIF) recibió el año pasado 63.753 nuevas declaraciones de transacciones sospechosas, un 48 % más que en 2022, que procedieron en ocho de cada diez casos de los bancos, pese a que notarios, agentes inmobiliarios y otros intermediarios también están obligados a informar.
De estas, solo acabaron en los tribunales 1.316 operaciones por valor de 2.427 millones de euros, un aumento del 50 % con respecto al año anterior, según el informe de 2023 publicado hoy por el organismo.
La mayor parte del monto sospechoso de blanqueo (1.178 millones) correspondió a casos de fraude fiscal grave – superior a cinco millones de euros – en su mayoría vinculados a la repatriación de fondos de grandes fortunas, seguido de operaciones del crimen organizado (779 millones de euros).
Sin embargo, es este último fenómeno el que más preocupa a las autoridades belgas por el aumento del tráfico de drogas en el país y la violencia que lleva aparejada, junto al uso de “blanqueadores profesionales” para lavar el dinero de esas actividades.
“Por su situación central en Europa, Bélgica siempre se ha visto confrontada al tráfico internacional de estupefacientes (…), pero este se ha amplificado en los últimos años”, afirma en el informe el presidente de la CTIF, Philippe de Koster, que ha comenzado a colaborar con el comisariado belga para las drogas.
“La espiral creciente de violencia en formas odiosas, los ingresos gigantescos, la corrupción, los tentáculos de las operaciones de blanqueo de dinero, la frontera entre la economía legal y la ilegal, los circuitos paralelos… todo esto tiene el potencial de minar estructuralmente una sociedad y hacerla descender hacia un narco-estado”, avisa en el documento la comisaria, Ine Van Wymersch.
El informe cita el tráfico de estupefacientes como una de las “principales amenazas” en materia de blanqueo, recordando que Bélgica no es solo el principal punto de importación de cocaína en Europa, sino también un país productor y de tránsito de drogas sintéticas y de canabis, y que la violencia que genera es “cada vez más visible”.
En Amberes, las organizaciones criminales ya no solo se atacan entre ellas, sino también los servicios encargados de transportar la cocaína confiscada; en Bruselas proliferan los ajustes de cuentas mortales entre bandas rivales y a todo ello se suma el riesgo de que estas organizaciones criminales “se infiltren en el mundo legal e intenten, vía corrupción, influir en el tejido social y las estructuras políticas”.
Estas se apoyan cada vez más en el país en empresas fantasma que ofrecen “servicios de blanqueo” para dar a los criminales apariencia de legitimidad, usando toda una “constelación de sociedades y cuentas bancarias”, así como “peleles y mulas” que hacen opacas estas cadenas de blanqueo, según el informe, que insiste en la necesidad de cooperación internacional para atajarlo.
Precisamente ayer se aprobaron con ese, entre otros objetivos, las nuevas normas de la UE contra el blanqueo de capitales, que empezarán a aplicarse en 2027. Antes, a mediados de 2025, empezará a funcionar la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) en Fráncfort, con la misión de vigilar los riesgos en las grandes entidades.
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