Por Rommel Santos Diaz
Los países que integran hasta el momento la Alianza para el Desarrollo en Democracia están abocados a impulsar una agenda de seguridad regional con el propósito de resguardar las actividades de comercio e inversión asumida en el marco de los diálogos políticos sostenidos para consolidar el desarrollo de esta importante alianza.
Las políticas de fomento de la confianza y la seguridad incrementan la transparencia para el comercio y la inversión y fortalecen la estabilidad regional. La aplicación y el desarrollo adicional de las medidas de fomento de la confianza y la seguridad, de conformidad con el marco constitucional de cada Estado, contribuye a la paz tan necesaria para la seguridad jurídica.
Para el caso de los flujos migratorios irregulares crecientes, sin precedentes en los países que integran la Alianza para el Desarrollo en Democracia, de acuerdo con lo planteado en el marco del diálogo político, es urgente la necesidad de un abordaje inmediato, bajo un enfoque integral y con la responsabilidad compartida efectiva de todos los países de la región de las Américas que se han constituido en ruta de origen, tránsito y destino, lo cual significa que los países no pueden enfrentar este desafío de manera aislada, por lo tanto, se trata de un problema regional que requiere una solución regional.
La seguridad regional juega un rol fundamental y clave en nuestros países para que a partir de un trabajo conjunto, se busquen soluciones y oportunidades para abordar integralmente las causas de la migración y promuevan mayor inversión de calidad, políticas públicas robustas, comercio, inversión e infraestructura, que incentive la generación de empleos y desarrollo sostenible en sus tres pilares: económico, social y ambiental, en particular, en los países de origen de esta migración, con miras a contener los riesgos a los que se exponen las personas migrantes.
Un elemento a incorporar como preocupación para la Alianza para el Desarrollo en Democracia , a nuestro juicio, es la delincuencia organizada transnacional, porque atenta contra las instituciones de los Estados y tiene efectos nocivos para nuestras sociedades. La ADD debe asumir el compromiso de combatirla fortaleciendo el marco jurídico interno, el estado de derecho, y la cooperación multilateral respetuosa de la soberanía de cada Estado, en particular a través del intercambio de información, la asistencia jurídica mutua y la extradición.
Las obligaciones contraídas por los Estados de la región que son Parte de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres Protocolos, para que el lavado de activos, el secuestro, el tráfico ilícito de personas, la corrupción y los crímenes relacionados se tipifiquen como delito en la región y que los bienes producto de esos delitos se identifiquen, rastreen, congelen o incauten y, en el último término se decomisen y enajenen.
Los Países que impulsan la Alianza para el Desarrollo en Democracia deben trabajar en mejorar la coordinación y la cooperación técnica para fortalecer las instituciones nacionales que se dedican a prevenir y sancionar estos delitos transnacionales y a identificar y enjuiciar a los miembros de las organizaciones delictivas transnacionales.
Finalmente, la Alianza para el Desarrollo en Democracia debe afianzar el compromiso en la lucha contra la corrupción, pasiva y activa, que constituye una amenaza a la seguridad regional y socava las instituciones, públicas y privadas, y la confianza de la sociedad, genera grandes daños económicos, compromete la estabilidad, erosiona el estado de derecho y vulnera la capacidad gubernamental para responder a otras amenazas a la seguridad. Sus efectos se propagan hacia diferentes campos de la actividad de los Estados de la región, por lo que la cooperación, la asistencia judicial mutua, la extradición y la acción concertada para combatirla es un imperativo político y moral.