Santo Domingo.– «Si hay un gobierno que ha respetado todos los procesos legales, es este gobierno», fueron las palabras del presidente Luis Abinader al referirse al colapso de la discoteca Jet Set, ocurrido el pasado martes, que ha dejado hasta ahora 231 fallecidos.
Abinader enfatizó que no habrá intervención del Ejecutivo en los procesos judiciales y que permitirán que las investigaciones sigan su curso con total independencia.
«Nosotros vamos a respetar que se haga justicia como tiene que hacerse justicia. Y nosotros eso lo vamos a respetar y no van a encontrar ningún tipo de incidencia del gobierno en los aspectos de justicia», destacó.
El pasado 10 de abril, el Poder Ejecutivo anunció la conformación de un equipo de expertos, tanto nacionales como internacionales, encargado de realizar un estudio técnico que esclarezca las causas del derrumbe en el centro nocturno. Esta iniciativa será coordinada por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE).
Según explicó el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, el estudio se desarrollará con total transparencia y en respeto absoluto a la autonomía del Ministerio Público, responsable de la investigación penal correspondiente.
Además, el pasado viernes 11 de abril, al asistir al velatorio de, Eduardo Guarionex, hijo del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, y una de las víctimas mortales del a tragedia, el jefe de Estado subrayó la necesidad de esclarecer los hechos: «Ahora lo importante es saber qué pasó, por qué ocurrió y cómo sucedió».
Por otro lado, este lunes se presentó ante la Fiscalía del Distrito Nacional la primera querella formal por homicidio involuntario contra Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set. La denuncia fue introducida por Wendely Manely Ramírez Gómez, viuda de Virgilio Rafael Cruz Aponte, una de las víctimas mortales. También están representados en la querella los padres del fallecido, a través del abogado Félix Portes.
La instancia, remitida por mensajería, solicita que se inicie una investigación penal contra Espaillat, a quien se le atribuye responsabilidad indirecta en la tragedia. Hasta el momento, las autoridades no han emitido declaraciones sobre esta acción legal ni sobre los avances del caso.
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