Santo Domingo.-La red de criminalidad transnacional de trata de personas prometía a las mujeres colombianas y venezolanas trabajo en zonas turísticas, pero una vez en el país tenían que pagar de 3 mil a 4 mil dólares por concepto de “honorarios” por la gestión de traerlas, dinero que debían pagar prostituyéndose.
Así consta en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, donde se establece que la estructura, integrada por dominicanos, venezolanos y colombianos desmantelada con la operación “Cattleya”, se dedicaba a captar, transportar, trasladar, acoger y de recibir a las extranjeras víctimas de explotación sexual, y les suministraba drogas.
Una vez en el país, las víctimas eran trasladadas a una residencia para tenerlas bajo control y poder cobrarles de forma fraudulenta y abusiva, mientras eran explotadas sexualmente, obteniendo los imputados ganancias.
Los encartados se servían el 50 % del dinero que obtenían de las extranjeras de los servicios sexuales a que eran sometidas las víctimas, y la otra parte del dinero quedaba como aporte a la deuda que ellas tenían con la red. La droga que obligaban a consumir se las sumaban a la deuda, con la promesa de dejarlas en libertad.
En el documento se indica que desde diciembre del año pasado han tratado a varias mujeres colombianas y venezolanas que bajo amenazas obligaban a sostener relaciones con clientes, que pagaban de 300 a 2000 dólares.
Catálogo exhibición
La red tenía ramificación en diferentes puntos del país, como el Distrito Nacional y la región Este, a donde trasladaban a las víctimas, dependiendo de la elección del cliente conforme al catálogo virtual de exhibición. El catálogo con fotografías de las víctimas era enviado por whatsapp, en ropa interior.
Imputados
José Miguel Michel Guridis, principal implicado en la red, cuando las víctimas llegaban al país, coordinaba con el líder, Daniel Enrique Inirio Abreu, para acogerlas e ingresarlas en el Residencial Coco Real en Bávaro, Punta Cana, y en el Hotel Caribe.
Realizaban fiestas privadas en villas, yates y en clubes nocturnos. Guridi e Inirio Abreu coordinaban sus salidas, mientras que Alejandro Arturo Batista Bustamante transportaba a las víctimas a los lugares solicitados por los clientes para materializar la explotación sexual, y recibía el dinero.
Cristina González Hernández y Yeubel Herrera Duvergé eran promotores y representantes, ofertaban a las víctimas a clientes. Richard Renné Rivera Portillo, custodiaba a las víctimas, disponible las 24 horas del día.
—1— Investigación
El Ministerio Público indaga a otras 14 personas, con relación a la red criminal de trata.
—2— Operativos
Autoridades realizaron allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y la región Este.
—3— Evidencias
En los allanamientos recopilaron evidencias que vinculan a los imputados con la red.