El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, consideró como «asombroso» que los primeros diez imputados de la Operación Calamar hayan admitido ante la jueza Kenya Romero su culpabilidad este viernes durante la audiencia de conocimiento de medidas de coerción.
«Debemos confesar que lo que ha sucedido hoy en el tribunal es algo simple y llanamente asombroso, y lo es por tres razones: en primer lugar, diez de los 20 imputados han admitido los hechos ante el tribunal, lo que constituye el 50 % de los imputados», expresó Camacho a los periodistas.
Indicó que estas admisiones son las consecuencias directas de la contundencia de la investigación y de que las defensas actuaron inteligentemente, al darse cuenta que las «evidencias del Ministerio Público son irrefutables».
En segundo lugar, entiende que, las admisiones «corroboran todas y cada una de las líneas presentadas por el Ministerio Público en este proceso».
En tercer punto, Camacho agregó que por la forma en que los encartados narraron ante el tribunal cómo operaba el entramado descubierto mediante la Operación Calamar, estos dijeron más de lo que esperaba el órgano acusador, al señalar que operaban como una mafia.
Este viernes, admitieron su culpabilidad en el alegado entramado, los imputados: Ángel Lockward, Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emil José Fernández, Óscar Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
Cambio de solicitud de medidas
El representante del Ministerio Público dijo que para los que negociaron con el Ministerio Público, las medidas solicitadas serán arresto domiciliario, impedimento de salida y garantías económicas.También aseguró que tendrán que devolver dinero adquirido ilícitamente.
La audiencia de hoy
Más temprano, el Ministerio Público terminó de leer el extenso expediente acusatorio de 2,120 páginas.
La audiencia se realizó a puertas cerradas en el Palacio de Justicia, lugar que fue resguardado a lo interno y externo por agentes de la Policía Nacional y del Ejército para prevenir la concurrencia de activistas que han estado protestando por algunos de los apresados.
El órgano acusador solicitaba 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de proceso complejo, por el supuesto desfalco de más de 19,000 millones de pesos contra el Estado, mediante un supuesto entramado que se montó desde el Ministerio de Hacienda.
El Ministerio Público sigue representado por la procuradora adjunta directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso; el procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, y un equipo de fiscales.