Para el 2026, las organizaciones tienen asignado RD$1,620 millones según el presupuesto estatal
La propuesta de disminuir a la mitad los recursos asignados a los partidos para mitigar los efectos de la crisis económica internacional provocó que el liderazgo político apele a referencias directas a leyes vigentes que, a su juicio, inciden en la aplicación de la eventual medida.
Fuera del rechazo de la oposición que generó la propuesta del Gobierno, la discusión de los dirigentes se trasladó a marcos legales como la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, la Ley de Presupuesto para el Sector Público y la propia Constitución.
El exsecretario general y aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, calificó la propuesta como «ilegal e inconstitucional«, al considerar que el Poder Ejecutivo «no tiene facultad para reducir unilateralmente» los fondos asignados y que cualquier modificación debe pasar por el Congreso Nacional.
«El Gobierno debe tener cuidado con usar la crisis como una herramienta política. Estamos a las puertas de un proceso preelectoral donde el partido oficialista cuenta con toda la estructura y los recursos públicos para su campaña, mientras pretende asfixiar financieramente a la oposición«, expresó.
Ley 423-06 y Constitución
En específico, Mariotti citó la Ley 423-06, sobre Presupuesto del Sector Público que, en su artículo 48, establece que el Poder Ejecutivo no puede modificar el total de gastos aprobados por el Congreso ni trasladar fondos entre partidas o capítulos sin someter un proyecto de ley para su aprobación.
Asimismo, el exsenador peledeísta hizo referencia a la Constitución al advertir sobre posibles implicaciones institucionales de la medida.
En detalle, mencionó el artículo 212 de la Constitución que dispone que la Junta Central Electoral (JCE) es un órgano autónomo con independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera. Según la ley 20-23, sobre Régimen Electoral, el órgano comicial es quien distribuye los fondos de los partidos de acuerdo a las votaciones obtenidas por las organizaciones en las últimas elecciones.
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