Mientras su vida se consume en la pobreza y por enfermedades, la familia Maldonado Valera, a la que el Estado le retiene el pago de 104 millones de pesos por unos terrenos que les confiscó en Bayona, sigue su calvario en busca de justicia ante autoridades que desacatan una sentencia que los obliga a pagar los terrenos donde se construyeron los proyectos de la cañada Guajimía.
A Valentín Maldonado Valera, el mayor de los 10 hermanos, se les mojan los ojos, se enrojecen y se le quiebra la voz al conversar del tema y habla con pesar de lo que vivió junto a su esposa durante los aguaceros del viernes 4 de noviembre que inundaron la ciudad. Su casa de tablas podridas y zinc agujereado no tenía espacio seco.
Habla con impotencia al reclamar el derecho legal que tiene a disfrutar junto a su compañera lo que le resta de vida en la vivienda que inició hace años y que se deteriora porque no tiene como continuarla, a pesar de que es un millonario por la herencia de la parcela 193-B-8 del Distrito Catastral 3 que mediante decreto 606-05 le fue expropiada durante uno de los gobiernos del entonces presidente Leonel Fernández para iniciar la solución al peligro en que viven familias en los alrededores del cañada Guajimía.
El Estado, luego de tasar los terrenos hace 15 años y deslindar una porción de 9,373.07 metros cuadrados, de los 20,000 donde viven 10 de los 11 herederos de Rufino Maldonado, recibió el desembolso de US$1,940,740.74 (RD$104,799,999.96) a la tasa de 54 pesos por dólar, por parte de Canadian Commercial Corporation para pagar a los herederos.
Los recursos fueron depositados en la moneda estadounidense por la Société Généralé, Corporate & Invesment Banking en la cuenta 10001010-239104-1 del Tesoro Nacional a través del Banco de Reservas, sin embargo, no ha habido manera de que ese dinero llegue a poder de los propietarios.
“Yo lo que quiero es que paguen el dinero para yo terminarle la casa a mi mujer y yo no tener que atajar el agua, como hoy, que me mojé en la cocina…que nos paguen el dinero y nosotros le pagamos a los abogados que han hecho el trabajo”, dice Rufino Maldonado.
Carmen Paredes, es esposa de Valentín, se transporta en un andador porque le amputaron una pierna. Al igual que su esposo, es una persona enferma y no cuenta con los recursos para comprar los medicamentos ni para comer y considera que con ellos se ha cometido una injusticia.
“Yo aspiro a que me terminen mi casa, vivir mejor, no como estoy viviendo que estoy mal, muy mal, pienso: ¡ay, mi familia qué dirá! ¡Yo aquí viviendo en este rancho!… pudiendo terminarme mi casa y no ha conseguido su dinero”, dijo la señora.
El proceso
Un equipo de abogados ha trabajado el caso durante años para lograr que a la familia Maldonado se le pague su dinero, basados en la sentencia 0030-03-2019-SSEN-00382 del Tribunal Superior Administrativo que ordenó a la Tesorería Nacional pagar a los Maldonado.
Los abogados Maricela Pérez Diloné y Joaquín López, junto a otros abogados han llevado el proceso ante la Tesorería Nacional que no le ofrece una explicación legal y convincente de por qué no se entrega el dinero a la familia.
Pérez Diloné cuenta que el proceso actualmente está en el Departamento de Deuda Administrativa y han sostenido algunas reuniones con la señora Claudia Cabral, directora del departamento y con el viceministro del Tesoro, Derby de Los Santos Abreu y el consultor jurídico y un representante del Defensor del Pueblo y acordaron que el expediente estaba listo para proceder a pagar, pero no se ha cumplido.
Explicó que ahora se les pide un bosquejo de contrato que desligue a Hacienda de un pago a los abogados, lo que considera improcedente porque la ordenanza de referimiento que depositaron bajo inventario el tribunal determinó que cualquier persona que tenga un crédito sobre los herederos, no los hace copropietarios de ese dinero y quien se le debe pagar es a la familia Maldonado que ha demostrado la propiedad de los terrenos en cuestión.
Manifestó que en la más reciente reunión realizada a principio de este mes, Tesorería les habló a los abogados de un astreinte y dejaron claro que lo que tenga que ver con pago de impuesto sea compensado con la condenación de astreinte sentenciado por el tribunal.
“La respuesta no ha ido acorde con los que se nos planeó y en la actualidad ellos (Tesorería) nos remiten un oficio donde están pidiendo, entre otras cosas, que les remitamos documentos que hace tiempo están depositados… ellos les confiscaron esa propiedad a los sucesores de Rufino Maldonado y ahora para ejecutar la sentencia están pidiendo pruebas de que son los propietarios”, sostuvo Pérez Diloné.
Además, solicitan que los abogados de la familia les remitan el poder de representación y se preguntó por qué poder de abogados si lo que la sentencia dice es que les paguen a los Maldonado, no a los abogados y aunque en su caso lo depositó, eso no es necesario para desembolsar los recursos a los legítimos propietarios.
“Otro de los documentos que ellos piden ahora es que les llevemos una declaración jurada de los sucesores que descarguen tanto al Ministerio de Hacienda como a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, a Bienes Nacionales, a la Tesorería Nacional de la República y al Banco de Reservas y a todas las instituciones envueltas en la obligación de pago para descargarlas de responsabilidad”, dijo el abogado.
Aclaró que si eso se hace no tendrá argumentos para ir a un tribunal porque quedaría como si el dinero se ha entregado cuando eso no es así. “A veces nosotros nos preguntamos qué hay detrás de todos esos requerimientos, si cuando ellos lo declararon de utilidad pública apoderaron al abogado del Estado para que ejecutara el desalojo de una propiedad protegida por el artículo 51 de la Constitución”, dijo.
Aseguró que el Ministerio de Hacienda está cometiendo desacato al negarse a entregar el dinero y teme que se le esté dando larga al tema para terminar el proyecto habitacional, pero alertó que la familia no se quedará tranquila hasta que se le entregue todo su dinero.
Adalberto de la Rosa, Diario Libre
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