Juez cancelado por irregularidades en casos de narcotráfico estaba vinculado a la red Rompeolas

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Exjuez destituido por irregularidades en casos de narcotráfico terminó vinculado a la red Rompeolas Teodoro Castillo, separado del Poder Judicial en 2005 por faltas graves relacionadas con expedientes de drogas y lavado de activo

Santo Domingo.- Un juez destituido de sus funciones por irregularidades en el manejo de expedientes de narcotráfico y lavado de activos terminó convertido, según el Ministerio Público, en una pieza importante del entramado jurídico utilizado por una poderosa organización criminal para ocultar bienes, simular operaciones inmobiliarias y dar apariencia legal a una fortuna presuntamente acumulada mediante el tráfico internacional de cocaína.

Se trata de Teodoro Castillo, alias Adriano, quien fue juez de la Instrucción de Higüey hasta el 20 de abril de 2005, cuando la Suprema Corte de Justicia dispuso su destitución por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

Veintiún años después, su nombre figura entre los 22 imputados en la Operación Rompeolas, mediante la cual las autoridades desarticularon una estructura a la que atribuyen haber movilizado más de siete toneladas de cocaína hacia Puerto Rico, con operaciones económicas estimadas en US$140 millones anuales.

De acuerdo con la acusación, el exmagistrado no intervenía directamente en el transporte de los cargamentos, sino en la utilización de instrumentos legales para ocultar a los verdaderos propietarios de bienes adquiridos con recursos supuestamente provenientes del narcotráfico.

Castillo ingresó al Poder Judicial el 2 de julio de 1998 y permaneció en esa institución hasta el 20 de abril de 2005, cuando fue destituido mediante la sentencia disciplinaria número 11 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia.

Su último cargo fue el de juez del Juzgado de la Instrucción de Higüey, provincia La Altagracia.

Según la solicitud de medida de coerción, su separación estuvo relacionada con el manejo irregular de expedientes por narcotráfico y lavado de activos, incluyendo decisiones de no ha lugar en dos procesos que involucraban a seis extranjeros.