Editorial La Jornada
El gobierno del presidente Donald Trump pretende habilitar almacenes industriales para encerrar hasta 80 mil personas, al tiempo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) impulsa un programa de cazarrecompensas que genera millones de dólares en ganancias a empresas privadas.
De acuerdo con The Washington Post, los almacenes estarían ubicados cerca de importantes centros logísticos a fin de concentrar a decenas de miles de personas en un mismo punto y acelerar su deportación, mientras The Intercept dio a conocer que los contratos asociados a estos programas superan los mil millones de dólares, a entregarse de aquí a 2027.
Se trata de los más recientes ejemplos del negocio multimillonario creado o potenciado por la cruzada antimigrante del trumpismo. Como todo en Estados Unidos, localizar, secuestrar, encarcelar y deportar de manera ilegal a personas en situación migratoria irregular –o a quienes se acusa falsamente de estarlo– se ha privatizado y puesto en manos de empresas muchas veces afines a la agenda de la Casa Blanca.
Mantener a una sola persona detenida cuesta 150 dólares al día, y la tarifa puede elevarse hasta los 300 dólares si se le mantiene en “instalaciones especializadas”. Así, el costo de encarcelar a 80 mil personas asciende a entre 12 y 24 millones de dólares diarios. Además, la política de mover a los secuestrados arbitrariamente de un centro de confinamiento al otro a fin de desarraigarlos de sus comunidades y dificultarles el acceso a servicios legales supone sucesivas facturas para los contribuyentes. Antes del regreso de Trump al poder, el ICE ya gastaba alrededor de 600 millones de dólares en vuelos de traslado y deportación, un monto que sin duda ha crecido conforme aumentan las operaciones de la agencia. Como los traslados se realizan en vuelos chárter, cada uno cuesta entre 25 mil y 100 mil dólares, sin importar que a bordo viajen dos o cien personas.
En la era digital, gran parte de las tareas recaen en empresas de software como Palantir, del millonario ultraderechista Peter Thiel, quien aboga abiertamente por sustituir la democracia por un totalitarismo encabezado por los titanes tecnológicos. Su compañía integra datos de escuelas, hospitales, registros de tráfico y redes sociales para crear perfiles detallados de “objetivos”, un modelo de vigilancia distópica por el que recibe contratos de cientos de millones de dólares. Anduril, de Palmer Luckey, recibirá 250 millones de dólares por erigir el “muro virtual”, consistente en cientos de torres operadas por inteligencia artificial, desplegadas a lo largo de la frontera con México para detectar a cada ser humano en el área y alertar a las autoridades.
Lo anterior es sólo una pequeña muestra de la maquinaria de persecución aceitada con billetes que se enmarca en el presupuesto sin precedentes otorgado a ICE este año, el cual es mayor al de cualquier otra agencia policiaca estadunidense y, de hecho, supera al presupuesto militar de la práctica totalidad del planeta: si el ICE fuera un ejército, sólo los de 16 países (incluido el del propio Estados Unidos) dispondrían de más recursos.
Todo ello, mientras el presidente y sus correligionarios republicanos le dicen a la gente que no hay dinero para financiar sus seguros médicos, escuelas ni la infraestructura más deteriorada entre las naciones “desarrolladas”. Si a ello se suma el impacto económico que deja la pérdida de habitantes y de la mejor mano de obra de que dispone el país, está claro que la política de odio es un enorme negocio para un puñado de millonarios a expensas de hacer a la superpotencia cada vez más pequeña.
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