Varios familiares de los desaparecidos tras la explosión de San Cristóbal en agosto del 2023 acudieron ayer a la comisión de Ministerio Público de la Cámara de Diputados para impulsar y viabilizar un proyecto de ley que busca declarar como judicialmente fallecidos a las víctimas del siniestro cuyos restos no aparecen.
De acuerdo a las declaraciones del abogado Roberto Fasas, defensor de varios familiares, las autoridades dominicanas aún no dan respuesta sobre los desaparecidos a siete meses de la explosión, por lo que pidió la agilización del proyecto legislativo que permitiría a los familiares de las víctimas hacer trámites legales.
Fasas dijo que hay 11 desaparecidos tras la explosión en San Cristóbal y tres cadáveres que aún no han sido identificados. Agregó que por el tiempo que ha pasado, los congresistas han optado por un método legal que declare como fallecidos a los desaparecidos y que así sus familiares puedan hacer trámites legales con las actas de defunción.
Sin respuesta
Tras salir de la reunión de la comisión donde se estudia el proyecto de ley, la diputada Ydenia Doñé, proponente de la pieza y representante de la provincia San Cristóbal en el Congreso, declaró que las autoridades no han dado respuesta a los familiares de los desaparecidos, quienes necesitan agilizar procesos legales con actas de defunción y cerrar el capítulo de la explosión ocurrida el 14 de agosto del 2023 en San Cristóbal.
Aprobarían proyecto
Asimismo, expresó que la comisión de Ministerio Público de la Cámara de Diputados, encargada de rendir un informe para la propuesta, tiene «un ánimo positivo» de acoger y aprobar la pieza para que así sea introducida en una sesión del órgano legislativo.
De su lado, Rudilenia Araújo, viuda de uno de los desaparecidos en medio de la explosión, sostuvo que, desde el incendio, no ha podido recuperar el cuerpo de su esposo a pesar de los esfuerzos de las autoridades, pero tampoco ha recibido una respuesta legal del caso, por lo que confía en que la aprobación del proyecto de ley sea una vía para obtener un acta de defunción.
De acuerdo con las disposiciones de la pieza congresual, los 11 desaparecidos serían declarados como judicialmente fallecidos a petición de todo el interesado o del Ministerio Público por la vía de una instancia dirigida a la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de San Cristóbal.
Para sustentar su proyecto, la diputada autora de la pieza argumenta que en el país ya existen precedentes de leyes similares como la Ley 5818 del año 1962, que declara judicialmente fallecidos a los desaparecidos en la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo o la ley 5832 del 1962, que declara como fallecidos a los desaparecidos durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.
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