La sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es un golpe legal para Israel, declaró a Sputnik el ministro palestino de Justicia, Muhamad Shalalda. Añadió que la parte israelí estaría obligada a respetar el fallo, ya que ratificó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y el estatuto de la CIJ.
De acuerdo con Shalalda, la demanda de Sudáfrica contra Israel, en la que está acusado por el delito de genocidio «representa una batalla judicial mundial contra la injusticia (…)», mientras que el fallo de la CIJ representa «una revelación del Estado de apartheid y un golpe legal al pensamiento sionista».
Igualmente, subrayó el carácter provisional de las medidas adoptadas el 26 de enero. En su punto de vista, tienen por objetivo preservar los derechos de ambas partes, así como evitar una mayor escalada y están destinadas «a impedir que continúe el crimen de genocidio».
«La segunda y más importante parte de la demanda presentada es que se tardará algún tiempo en probar los elementos materiales y morales del delito de genocidio ante la CIJ», declaró el ministro palestino, destacando la posibilidad de que el tribunal reconozca la responsabilidad legal de Israel en el asunto, obligándole a indemnizar al pueblo palestino.
Sin embargo, una de las exigencias de Sudáfrica ante el tribunal a Israel era el cese inmediato de las actividades militares, pero esa petición no fue satisfecha, subrayó Shalalda. No obstante, afirmó que todas las medidas provisionales impuestas por la CIJ son un éxito para Palestina, por lo que agradeció a Sudáfrica y a los jueces su imparcialidad, justicia y transparencia a la hora de adoptar su decisión.
«Basándose en la comparecencia ante el tribunal de Israel, que es parte en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y parte en el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, Israel estará obligado a aplicar todas las medidas provisionales y órdenes judiciales dictadas por el tribunal», destacó el ministro palestino.
En caso de que Israel viole o incumpla las medidas prescritas, prosiguió, Sudáfrica tiene derecho a apelar al Consejo de Seguridad de la ONU, que puede tomar sus propias resoluciones para obligar a la parte israelí a cumplir el fallo.
El 26 de enero, la CIJ ordenó a Israel que adopte todas las medidas necesarias para impedir el genocidio en el enclave palestino y proporcione con urgencia asistencia humanitaria a la Franja de Gaza.
La CIJ celebró, los días 11 y 12 de enero, audiencias sobre la demanda de Sudáfrica contra Israel, acusado de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza.
En su discurso, Sudáfrica pidió al tribunal que obligue a Israel a detener la operación militar en el enclave palestino, garantizar que sus habitantes tengan acceso a alimentos, agua y ayuda humanitaria, y a no impedir el acceso de las misiones internacionales a Gaza.
Israel participó en el proceso, aunque no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de la ONU y hasta ahora ha ignorado sus procedimientos o decisiones. Según Israel, la demanda sudafricana es una explotación de la Corte y carece de pruebas, mientras Pretoria «colabora con el grupo terrorista que aboga por destruir el Estado de Israel».
Los ataques israelíes han dejado hasta la fecha más de 26.000 muertos y casi 64.500 heridos en el enclave palestino.
Del 24 de noviembre al 1 de diciembre, durante una tregua humanitaria pactada con la mediación conjunta de Catar, Egipto y Estados Unidos, se canjearon 80 rehenes israelíes de Hamás, en su mayoría mujeres y niños, por 240 presos palestinos sin delitos de sangre. Además, las milicias palestinas liberaron a casi 30 cautivos más, en su mayoría tailandeses residentes en Israel. Unos 130 rehenes todavía permanecen cautivos en Gaza.
Al expirar la tregua las operaciones bélicas se reanudaron, y el flujo de ayuda humanitaria que llega al sur del enclave palestino desde Egipto se redujo nuevamente a una quinta parte de lo que Gaza recibía antes de esa guerra, según la ONU.
Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto al fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.
Sputnik