Unas 200 armas de fuego y aproximadamente 40,000 municiones fueron ocupadas durante los allanamientos realizados por el Ministerio Público en 18 armerías como parte de la Operación Armum, desplegada este martes en distintas zonas del país.
El Ministerio Público informó que entre las ocupadas figuran armas largas, pistolas y revólveres. También armas de guerra y otras de uso prohibido en República Dominicana.
La institución indicó que una cantidad considerable de las armas ocupadas no tenía ningún tipo de documentación ni constancia sobre su origen.
Uno de los principales hallazgos corresponde a las municiones. Las autoridades reportaron la ocupación de unas 40,000 unidades, muchas de ellas sin marcaje, una situación que, según el Ministerio Público, «evidencia que fueron traficadas de manera ilícita hacia República Dominicana».
Armas modificadas y de uso prohibido
Durante los allanamientos también fueron ocupadas armas modificadas o alteradas, así como cargadores tipo tambor, adaptadores, miras telescópicas y miras láser con punto rojo.
El Ministerio Público informó además sobre la ocupación de pertrechos pertenecientes a agencias de investigación del Estado que se encontraban en las armerías sin los permisos correspondientes.
Las autoridades no limitaron los hallazgos a armas y municiones, sino que también detectaron establecimientos que presuntamente realizaban distintas actividades sin las autorizaciones requeridas.
Armerías operaban sin licencia
También fueron detectadas presuntas operaciones de intermediación para la comercialización de armas sin licencia y la retención ilícita de armas de fuego pertenecientes a terceros.
Los allanamientos fueron realizados en el Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este, dijo el Ministerio Público en una nota de prensa.
Propietarios y representantes fueron arrestados
Como consecuencia de los hallazgos, los propietarios o representantes de las armerías intervenidas fueron arrestados en flagrante delito, informó el Ministerio Público.
La institución adelantó que solicitará medidas de coerción contra los detenidos ante la Oficina de Atención Permanente.
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