Proyecto va a Senado que sesiona este jueves a las diez de la mañana.
Santo Domingo.- La Cámara de Diputados aprobó de urgencia la colocación de valores de deuda pública por un monto de RD$401,767,814,730 o su equivalente en moneda extranjera, una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo en horas de la noche del pasado martes y que busca complementar los ingresos estimados en el Presupuesto General del Estado para el año 2026.
La aprobación se produjo tras la lectura íntegra del proyecto de ley, el informe favorable de la comisión especial y la carta remitida por el presidente Luis Abinader, en un contexto legislativo marcado por la aprobación acelerada del presupuesto y sus leyes complementarias, necesarias para cerrar el andamiaje financiero del próximo ejercicio fiscal.
La iniciativa pasa ahora al Senado que tiene planificado reunirse este jueves a las diez de la mañana y donde se espera que tenga un trato similar al de los diputados pues estos, convocaron una nueva sesión para el seis de enero del próximo año.
La carta de Luis Abinader por los bonos
En la misiva enviada al Congreso Nacional, el presidente Luis Abinader solicitó formalmente la aprobación del proyecto, destacando que la iniciativa permite al Gobierno aprovechar las condiciones favorables de los mercados financieros, tanto locales como internacionales.
El mandatario subrayó que la ley faculta al Poder Ejecutivo a emitir y colocar los valores en pesos dominicanos o en moneda extranjera, dependiendo de cuál opción resulte más conveniente para el país, y tanto en el mercado doméstico de capitales como en los mercados internacionales.
Uno de los elementos centrales de la carta presidencial es la autorización, contenida en el artículo 10 del proyecto, para que el Ministerio de Hacienda y Economía pueda realizar durante 2026 operaciones de manejo, administración y gestión de pasivos por hasta el 10 % del balance de la deuda del sector público no financiero.
Estas operaciones, según explicó Abinader, tienen como objetivo reducir el costo del servicio de la deuda, mejorar el perfil de vencimientos y disminuir la exposición al riesgo cambiario, mediante mecanismos como la conversión, consolidación, recompra o canje de pasivos existentes.
El presidente también dejó claro que cualquier modificación presupuestaria derivada de estas operaciones deberá realizarse conforme a la Ley de Presupuesto y ser debidamente informada al Congreso Nacional, como parte de los informes trimestrales sobre crédito público.
Reacciones de la oposición
Desde la oposición, la aprobación de la pieza generó reacciones críticas. El diputado Félix Mitchell expresó preocupación por el ritmo acelerado con el que se están aprobando leyes de alto impacto financiero, advirtiendo que el endeudamiento, aunque esté contemplado en el presupuesto, sigue aumentando la presión sobre las finanzas públicas.
Mitchell sostuvo que el Congreso debe ejercer con mayor rigor su rol fiscalizador y cuestionó si el país está avanzando hacia una senda sostenible de endeudamiento, en un contexto internacional marcado por tasas de interés aún elevadas y riesgos económicos globales.
En la misma línea, su homólogo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Mariotti Jr, criticó lo que definió como una “normalización del endeudamiento” y afirmó que el Gobierno ha convertido la colocación de bonos en una herramienta recurrente para cubrir déficits estructurales.
Mariotti advirtió que, aunque la ley habla de manejo prudente de pasivos, la deuda sigue creciendo y comprometiendo a futuras generaciones, al tiempo que reclamó mayor transparencia sobre el destino final de los recursos y el impacto real de estas operaciones en la reducción del servicio de la deuda.
Alfredo Pacheco en la defensa
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, defendió la aprobación del proyecto al señalar que se trata de una ley complementaria indispensable para la correcta ejecución del Presupuesto General del Estado 2026.
Pacheco explicó que el monto autorizado ya está contemplado en el presupuesto aprobado, por lo que no se trata de un endeudamiento adicional improvisado, sino de un instrumento legal necesario para que el Gobierno pueda ejecutar las operaciones financieras previstas.
Fuente: El Día
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