El traslado de presos desde La Victoria a cárceles del interior del país luego del incendio del pasado 18 de marzo, está impidiendo que esos reos sean llevados a los tribunales para conocer sus juicios.
Los traslados están trayendo trastorno a los tribunales de las jurisdicciones del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo, debido a que los privados de libertad que se encontraban en la cárcel de La Victoria y que fueron trasladados a otros recintos no son llevados y otros no llegan a tiempo a las audiencias.
Abogados y defensores públicos se quejan por el hecho de que sus clientes son trasladados a otros recintos penitenciarios y los tribunales apoderados de esos expedientes no son notificados, por lo que las audiencias son aplazadas.
Un juez comentó que además de falta de traslados de los presos a los tribunales, se produce aplazamiento innecesario que solicitan los abogados de los privados de libertad.
La movilización llega por disposición de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, quien había dado a conocer que un total de 1,800 presos de La Victoria, serían reubicados en otras cárceles del país.
Los presos que son traslados de La Victoria han sido enviados a las cárceles de El Pinito, en La Vega; Vista al Valle, de San Francisco de Macorís; igualmente a los centros de corrección y rehabilitación CCR Anamuya, Higüey; CCR Cucama, La Romana; CCR San Pedro de Macorís, CCRA Haras Nacionales; CCR Elías Piña, CCR Batey Bienvenido 36, entre otros recintos.
Fiasco tribunales móviles
En la cárcel de La Victoria y en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, se instauró un proyecto de realizar audiencias en una furgoneta establecida en las instalaciones de los complejos penitenciarios con el propósito de descongestionar ese centro.
Sin embargo, el mismo fracasó porque a pesar de que los tribunales estaban operando ahí mismo, no llevaban a los imputados a las audiencias, que cada semana realizaba tres y cuatro viajes a esa cárcel a notificar actos.
De cada diez audiencias, siete se suspendían por falta de traslado, lo que llevó al fracaso la iniciativa tendente a despoblar de internos principalmente el penal de La Victoria, donde el 58% de los presos son preventivos.
Estas audiencias se celebraban martes, miércoles y jueves, con la presencia de jueces, fiscales y abogados, pero no trasladaban a los internos por supuesta negligencia de las autoridades.
y por los constantes aplazamientos innecesarios solicitados por sus abogados.
El proyecto, que estaba en su último aliento de vida, colapsó con la pandemia del Covid, y hasta el 3 de enero del 2021, los casos que se conocían corresponden al mismo año, pero después se incrementó el número de presos preventivos.
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