El oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) lleva como candidatos al Congreso Nacional a varios postulantes que han estado bajo la lupa de la Justicia por su vinculación en casos de abuso sexual, lavado de activo, narcotráfico y corrupción.
La lista la encabeza el candidato a senador por la provincia de Montecristi, Bernardo Alemán Rodríguez, quién desde el 2008 era objeto de investigación por el Ministerio Público. Fue senador 1998-2002 y 2002-2006 y diputado de 2016 a 2020.
Como parte de las pesquisas contra Alemán Rodríguez se dictó orden de prisión en 2008 por verse supuestamente involucrado junto a otros dirigentes políticos en un incidente donde mataron al exdiputado, Antonio Fernández (el Pollero).
De igual forma se realizó un allanamiento a su residencia, en marzo del 2019. Fue imputado de la violación de los artículos 309-1, 309-2, 331, 333 y 355 del Código Penal Dominicano, y el artículo 396 ordinales a, b y c del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) en perjuicio de las dos menores.
Otro de los inscritos es el actual diputado Nelson Marmolejos, quien busca repetir en la curul, y es objeto de investigación en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), desde el 2021, por su presunta vinculación en el caso de lavado de activos y narcotráfico, denominado Operación Falcón.
Se le suma la diputada Faustina Guerrero, conocida popularmente como Grey Maldonado, quien aspira a repetir en su cargo hasta el 2028.
También fue señalada en el expediente Falcón, en el 2021, ya que su esposo, Juan Maldonado, fue apresado durante la operación por acusaciones de lavar cuantiosas sumas de dinero dentro de una red delictiva en la que «traficaron cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, movilizando más de US$500 millones producto de esa actividad criminal».
El juez Justiniano Montero fue designado por la SCJ como juez de la instrucción especial para conocer el proceso.
De igual modo, está la candidatura de Sergio Moya Goris, quien se repostula en el cargo de diputado y estuvo involucrado en un expediente de narcotráfico en julio de 1998 por cuyo caso estuvo preso en la cárcel de Najayo, San Cristóbal. Fue puesto en libertad por el juzgado de la Segunda Cámara Penal del Distrito Nacional el 24 de marzo del año 2000, por insuficiencia de pruebas.
Moya Goris fue mencionado en la Operación Calamar como uno de los coordinadores del esquema de extorsión a las bancas de lotería.
Los delatores de la Operación Calamar contaron en interrogatorios al Ministerio Público que Moya «fungió como coordinador de la recolección del dinero irregular».
Las candidaturas fueron depositadas en la Junta Central Electoral (JCE) el pasado jueves 7 de este mes de marzo, junto a los demás postulantes a cargos electivos.
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