El coronel Rafael Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete, implicados en el caso Coral, salieron de la cárcel este viernes tras cumplir con el pago de la garantía económica que le impuso el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Así lo informó el abogado de la pastora, Félix Portes. A la pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete, el tribunal le impuso el pago de una garantía económica de 50 millones de pesos a través de una compañía aseguradora.
Al coronel Rafael Núñez de Aza, también implicado en el presunto entramado criminal, se le impuso una garantía económica de 100 millones de pesos. Esta misma garantía fue impuesta al mayor general Adán Cáceres, el supuesto cabecilla del entramado.
En el caso de Adán Cáceres y Núñez de Aza, que el monto fue de 100 millones, debían pagar 10 millones de pesos para poder salir de prisión, en tanto que la pastora Rossy y su hijo tendrán que depositar cinco millones de pesos cada uno. Esto sin sumar los grilletes electrónicos, que el costo inicial es de 1,500 dólares (82,000 pesos a la tasa actual).
“Están en sus casas disfrutando con sus familias”, dijo Portes a Diario Libre.
Más temprano este viernes, el abogado Héctor López Rodríguez, uno de los abogados de la pastora Guzmán, había dicho a los periodistas que ella no tenía para pagar el monto de la fianza.
“Rossy Guzmán no tiene dinero para pagar la prima de 5 millones de pesos. Se han estado haciendo diligencias con las iglesias, con amigos y con familiares para ver cómo se puede obtener esa suma”, expresó tras el aplazamiento de la audiencia preliminar del caso Coral y Coral 5G.
Fin de la prisión preventiva
Este martes la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, varió la medida de coerción contra los imputados y ordenó arresto domiciliario, impedimento de salida y colocación de grilletes electrónicos contra estos cuatro implicados en el caso.
Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
De acuerdo con el Ministerio Público, el alegado entramado criminal desarticulado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que presuntamente el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
El Ministerio Público dijo que ha establecido, en el transcurso del proceso judicial, que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana.
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