Revelan que la Procuraduría era “centro de operaciones criminales”

En el documento con la solicitud de medida de coerción al exprocurador Jean Alain Rodríguez y compartes se indica que los imputados utilizaron la Procuraduría para distraer cuantiosas sumas de dinero y formaron un concierto de voluntades para cometer actos contrarios a la ley, trasgrediendo el fin esencial del Ministerio Público, que es el de perseguir y de implementar la política contra el crimen.

Entre los perjuicios enlistados que el Ministerio Público atribuye al exprocurador Jean Alain Rodríguez y sus colaboradores al Estado figura la eliminación de las principales fuentes de información de la organización con el objetivo de destruir evidencias de los hechos cometidos, lo que ha derivado en pérdidas irreparables de información en áreas como Extradiciones, Bienes Incautados y Antecedentes Penales.

También la creación de empresas a través de testaferros para venderle a la Procuraduría en violación a la Ley de Compras y Contrataciones y la Ley de Lavado de Activos.

Según la cintila, o avance de imputaciones, depositada ante la magistrada coordinadora de los juzgados de la instrucción, la sede de la Procuraduría fue convertida en un centro de envase y distribución de ron que era utilizado en la campaña para la elección del candidato presidencial del PLD en 2019, la escogencia de alcaldes y regidores y la campaña presidencial de 2020.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa les atribuye, además, la destrucción de evidencias en un gran operativo de trituración en la etapa de transición de 2020, hecho que ha privado a la Procuraduría de parte de su memoria histórica. “Incineraron documentos de la Procuraduría sin dejar actas ni constancia del proceso”, se señala.

Colaboradores

Los colaboradores del exprocurador que están siendo persguidos son Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Empresa Desarrollo, Individuo & Organización (DIO).

De acuerdo con el Ministerio Público, antes de ser designado procurador Jean Alain había estado, desde 2012, al frente de CEI-RD, desde donde llevó a sus principales colaboradores, entre ellos los coimputados Rafael Stefano Canó Sacco, director de gabinete; Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, director general administrativo del Ministerio Público; Alfredo Alexander Solano Augusto, subdirector financiero, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, director de Tecnología de la Información.

Centro de operaciones

Según el Ministerio Público, el grupo, liderado por Jean Alain, convirtieron a la Procuraduría General en un centro de operación de la estructura criminal para estafar al Estado con más de 6 mil millones de pesos.

Estas informaciones constan en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, donde piden prisión contra el exprocurador y sus colaboradores y que el caso sea declarado complejo. La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, conocerá hoy la solicitud de medida de coerción.

Los implicados en el entramado de operación Medusa, crearon proyectos con graves problemas de diseños, insalvables vicios de construcción como el caso del Plan de Humanización, con el objetivo de tener actividad que permitiera ejecutar presupuestos millonarios, de donde sacaron grandes sumas para su beneficio personal.

Construyeron el principal centro penitenciario del Plan de Humanización en terrenos que tenían propietarios, involucrando la organización en una serie de reclamos de personas que alegan haber sido despojadas de su propiedad de manera irregular.

Los imputados montaron una cuantiosa propaganda publicitaria para vender la imagen del procurador en ese momento, para obtener créditos que no se sustentaban en dicha gestión. (El Día)

Imputados espiaban a empleados PGR y otros

Delito. Los implicados en el entramado de corrupción encabezado por el exprocurador Jean Alain Rodríguez tenían una maquinaria de espionaje para tener informaciones privilegiadas para intimidar y extorsionar.

Esto, según la solicitud de la medida de coerción del Ministerio Público en la cual se establece que a través de la empresa Desarrollo Individuo y Organización (DIO), propiedad del imputado Miguel José Moya, utilizaban programas informáticos para espiar e interceptar comunicaciones a empleados y otras personas para extorsionarlos.

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