SANTO DOMINGO.- El director de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, reveló este miércoles que fue anulada una licitación en la cual se entregaba el Teatro Agua y Luz, hasta el año 2044, a una empresa vinculada al ex canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, mediante una concesión que se determinó irregular y que fue presentada como un supuesto alquiler de la edificación.
“Cuando analizamos toda la documentación, toda la papelería, nos dimos cuenta que más que un alquiler se estaba entregando el Teatro Agua y Luz en una concesión hasta el 2044, un proceso que violaba todos los principios de la Ley 340-06, y por esto fue anulada esta licitación”, aseveró Pimentel.
Pimentel emitió las revelaciones durante una entrevista realizada por las comunicadoras Camila García, Mariasela Álvarez y Diana Lora, en el programa “Esta Noche Mariasela”, que se transmite por la planta televisora de Color Visión.
“Se va a recurrir la decisión en el Tribunal Superior Administrativo y nos vamos a preparar para eso”, indicó Pimentel, en torno al caso de la edificación.
Pimentel aseguró que los casos que sean encontrados en los cuales haya indicios de naturaleza penal, y que trascienda la naturaleza de la Dirección de Compras, serán presentados ante la Procuraduría General de la República para que se conozca su curso legal ante la justicia.
Asimismo, indicó que el Teatro Agua y Luz sería retornado a la custodia del Estado dominicano y a la población en general.
El funcionario resaltó que la misma situación fue encontrada en una documentación referente al Hotel Nueva Suiza, ubicado en la provincia de Constanza, el cual se entregó por completo bajo modalidad de supuesto alquiler y concesión, por un pago de unos $2 mil dólares mensuales equivalentes a unos $117,200 pesos.
En otro orden, el titular de Compras y Contrataciones agregó, que el proceso que se lleva en torno a la adquisición de asfalto caliente por $11,500 millones de pesos en la pasada gestión por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación (MOPC), fue llevado ante la Procuraduría para que realice la investigación pertinente.
En lo referente a los casos del Plan Social de la República y el del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), dijo que ambos fueron depositados ante la Procuraduría General de la República, en el entendido de que no se está ante una simple violación de un procedimiento de contrataciones en un proceso en específico.
“Con relación a estos casos hemos señalado, y por eso fueron entregados a la Procuraduría, para que así pueda profundizar la investigación y pueda hacer las diligencias procesales que nosotros no podemos realizar”, subrayó.