SANTO DOMINGO.-La propuesta del presidente Luis Abinader, de eliminar los fondos de asistencia social que son distribuidos cada mes entre los senadores, ha producido reacciones encontradas. Hay quienes la apoyan, otros la rechazan y algunos guardan silencio.
Entre ellos, varios del oficialista Revolucionario Moderno (PRM) que, si bien pidieron el anonimato, criticaron las pretensiones del Ejecutivo argumentando que las provincias del país viven condiciones distintas a las grandes ciudades.
José del Castillo Saviñón, representante de Barahona por el Partido de la Liberación Dominicana, dijo no oponerse a que sean eliminados los fondos en caso de que la mayoría senatorial así lo decida, pero advirtió que los afectados serán la ciudadanos que viven en condición de pobreza.
“A diferencia de las grandes provincias, todos los habitantes de Barahona saben donde vive su senador y hay necesidades urgentes que necesitan atención.
Si finalmente se decide eliminar, el gobierno debe disponer de una alternativa para canalizar las ayudas sociales como una oficina provincial del plan social, por ejemplo, de tal manera que el solicitante sea redirigido a la misma”, afirmó Saviñón.
La distribución
Según el vocero de los senadores de La Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, el fondo de ayuda social que manejan los senadores y que comúnmente es llamado barrilito, fue iniciado a partir del año 2016 como una forma de transparentar las donaciones que distintas entidades privadas realizaban de manera directa a los senadores.
“En ese entonces, había senadores que recibían hasta veinte millones de pesos mensuales sin ningún tipo de fiscalización y de diferentes fuentes.
Lo que hicimos fue oponernos a esa práctica e institucionalizar estas partidas”, explicó Sánchez.
Bajo el marco de distribución actual, las provincias con mayores asignaciones presupuestarias son: San Cristóbal, con RD$1,059,000.00, la Vega (RD$944,000), Puerto Plata (869,000) y San Pedro de Macorís (RD$859,000).
El monto total, es de RD$21,141,000 y excluye las provincias de Santo Domingo y Santiago y el Distrito Nacional por decisión propia de sus representantes.
La propuesta de eliminación del barrilito realizada por Abinader forma parte de un conjunto de medidas que procuran mejores niveles de institucionalidad en el Estado.
Entre ellas una modificación constitucional para impedir sea modificada según las pretensiones del gobierno de turno.
Sobre el particular, la Fundación Institucionalidad y Justicia valoró como “altamente positivo el anuncio realizado por el Presidente Abinader de poner en marcha este conjunto de iniciativas que apuntan a visibilizar el compromiso y la voluntad de emprender acciones concretas para garantizar la transparencia de los recursos públicos en las instituciones”.