El político y especialista en asuntos ambientales, Osiris de León, deploró que el Gobierno realice obras estatales que ponen en peligro cientos de vidas humanas al permitir o asentar dentro de los cauces secos de los ríos poblaciones que podrían ser víctimas del desatamiento de las fuerzas impetuosas de las aguas desbordadas.
Argumentando los motivos por los cuales se opone a las construcciones estatales y particulares que dejan en situación de vulnerabilidad a quienes construyen sus viviendas o edificaciones en esos trechos, Osiris de León expuso: “Todos los profesionales de la ingeniería, de la geología, de la meteorología y de la hidrología saben muy bien que los cauces son las vías construidas por los ríos para garantizar el tránsito de las crecidas máximas generadas durante los eventos hidrometeorológicos extremos y no para que los seres humanos habiten allí y tengan que salir corriendo cada vez que haya una crecida anormal del caudal, si es que les da tiempo a correr.”
En ese sentido, el reconocido experto citó que en el pasado mes de abril más de 300 personas que vivían a orillas del río Mocoa, en Colombia, no les dio tiempo a ponerse a salvo y murieron arrastradas por la repentina crecida del río, pese a que esto había sido advertido durante años por los expertos en clima e inundaciones. Osiris lamentó que, a pesar de las advertencias, la gente y las autoridades siguieron desafiando a la naturaleza y construyendo a orillas del río, con las consiguientes calamidades y las grandes pérdidas de vidas y de propiedades.
Contextualizando estos riesgos y amenazas dentro del marco nacional, a fin de prevenir tragedias y evitar que otras se repitan, el ingeniero geólogo dijo que los dominicanos al parecer ya olvidaron la gran tragedia de la Mesopotamia, en San Juan de la Maguana, la cual dejó 185 muertes fruto de las crecidas del río San Juan durante el paso del huracán Georges, en fecha 22 de septiembre de 1998.
De igual manera, recordó que también olvidamos el desastre de Jimaní, cuyo balance trágico estremeció a todo el país la madrugada del 24 de mayo de 2004, cuando una vaguada no avisada por las autoridades descargó 247 milímetros de lluvias en 4 horas y el río Blanco adquirió un alto volumen de agua que descargó a través de su cauce normal, arrasando con todas las viviendas y ocupantes del área sureste de Jimaní, dejando un saldo de 1,800 personas muertas.
Con relación a la ocupación irresponsable y peligrosa de los cauces secos de los ríos, de León sostuvo que el tamaño del cauce es proporcional a la crecida máxima que se ha de generar en algún período de lluvia torrencial, pues el ancho de un río no es fruto de la casualidad, sino de la necesidad de drenar las crecidas máximas extremas, y de esos eventos la naturaleza sabe más que todos los expertos. Expresó que por esta razón las zonas de los ríos se encuentran entre las más vulnerables, con el peligro que pende, como una espada de Damocles, de que cuando vienen los torrenciales aguaceros, recobran sus caudales y acaban con todo.
“De ahí que nadie entiende cuáles son los motivos que ha tenido una institución gubernamental para emplazar un proyecto habitacional justo en la misma margen derecha del caudaloso río Camú, en la zona noroeste de la ciudad de La Vega, sabiendo bien que ese río tarde o temprano recuperará su espacio durante algún evento hidrometeorológico extremo, y que poner a la gente a vivir en ese lugar es exponerles a una tragedia de dimensiones extraordinarias como la ocurrida en el Estado Vargas, Venezuela, a mediados del mes de diciembre de 1999”, advirtió Osiris de León.