Santo Domingo.- Jean Alain Rodríguez Sánchez junto a los demás encartados del caso Medusa malversaron más de dos mil millones de pesos, en pago a proveedores de alimentos para los recintos penitenciarios en sus dos modalidades, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del país, que resultaron adjudicatarios de manera fraudulenta al margen de un proceso de compras bajo los rigores legales que establece la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación.
Según el expediente, Rodríguez Sánchez, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Johannatan Loanders Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercede Marte, Mercedes Camelia Salcedo Disla, Carolina Pimentel Bonifacio y Rafael Stefano Canó Sacco participaron en el hecho en el periodo gubernamental agosto 2016 hasta agosto 2020.
Los implicados Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector Administrativo, Johannatan Loanders Medina Reyes, exencargado de Compra, Alfredo Alexander Solano Augusto, exdirector Financiero, Rafael Antonio Mercede Marte, exencargado de Contabilidad, Mercedes Camelia Salcedo Disla, ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria y Carolina Pimentel Bonifacio, exencargada de la Unidad de Alimentos de Modelo de Gestión Penitenciaria, con el ciudadano Rafael Stefano Canó Sacco, actuaron de manera conjunta y en unidad con el firme propósito de favorecer al entramado societario creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez en asociación con su cuñado, el acusado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy.
El fraude contó con la participación de los acusados César Nicolás Rizik Pimentel, el Sargento Mayor, ERD, José Miguel Estrada Jackson, Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, Hilda Cristina Jackson Mallol, Juan Asael Martínez Pimentel, Giselle del Carmen Molano Frías, Rossanna Vianela Pimentel de Martínez, Fausto Cáceres Salterio, Francisco Arturo Santos Gómez, Daniel Enrique Vásquez Feliz, Francisco Alberto Vázquez Feliz, Carlos Augusto Guzmán Oliver, José Alberto Abbot Brugal y Rafael Salvador Rasuk Sánchez.
La Pepca explica que los acusados se apropiaron indebidamente de la mayor parte de los fondos públicos administrados por la Procuraduría, destinados a satisfacer de manera adecuada las necesidades de primer orden relativas a la alimentación y la salud de los más de 27,000 privados de libertad que se encuentran distribuidos en los 47 recintos penitenciarios del país, de los cuales 19 pertenecen al denominado modelo tradicional.
Entre las diversas maniobras fraudulentas empleadas por la coalición de funcionarios dirigidos por el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez está la Constitución o adquisición de compañías de carpetas para licitar única y exclusivamente en la Procuraduría General de República, así como el simulacro de procesos de compras que conllevaron la elaboración de actas falseadas por un comité de compras falso que nunca se reunió ni cumplió con los rigores mínimos establecidos en la ley, fundamentados en informes apócrifos de peritos que no eran peritos, sino personas escogidas por el entramado formado por los acusados, en las escasas e irregulares actas del comité de compras que pudieron ser rastreadas.