La Iglesia Católica en la provincia Dajabón, cuya demarcación hace frontera con Haití, expuso su posición este lunes sobre las repatriaciones masivas de ciudadanos haitianos que el Gobierno dominicano viene realizando en las últimas semanas.
Mediante un comunicado leído por el sacerdote Roberto Guzmán en representación del clero, durante rueda de prensa realizada en Dajabón, los religiosos denunciaron que los migrantes son sometidos a procedimientos violentos, humillantes y poco profesionales.
Indican que cualquier uniformado puede detener a una persona indocumentada, con lo que fomentan el “macuteo” y promueven el miedo.
Aseguran que hay deportaciones de niños con arraigo social en la República Dominicana.
Asimismo, expresan su tristeza por la gran cantidad de menores de edad no acompañados que han sido conducidos a la frontera.
Según dicen, los centros de detención en esa zona no cumplen con el mínimo que garanticen la dignidad humana. Sostienen que no hay baños, muebles para sentarse o dormir, tampoco se les brinda agua y comida.
«A esta situación son sometidos tanto niños como mujeres embarazadas y madres lactantes», refiere un documento de la Iglesia Católica en esa demarcación fronteriza.
Aclaran que el país tiene derecho a organizar sus fronteras y a hacer cumplir la ley de migración, «a lo que no tienen derecho (las autoridades) es a violar los derechos fundamentales de las personas».
Los religiosos sostienen que las actuales condiciones que se están dando las repatriaciones, de las cuales aseguran han sido testigos, el Gobierno no puede asegurar el debido proceso, por los números tan elevados de deportaciones que desbordan las capacidades operativas de los agentes de Migración.
«Vemos que esta situación impide que haya una correcta ejecución de los protocolos, en la que todos los ciudadanos haitianos que son apresados en los operativos de Migración y el Ejército Nacional sean depurados de manera efectiva. Por el contrario, son tratados con métodos negadores de derechos», señalan.
Agregan que esas acciones están violando la Constitución nacional, las leyes y los convenios internacionales.