SANTO DOMINGO.–El gobierno tiene entre sus planes hacer una reforma al sistema del Ministerio Público que necesariamente implicaría modificar la Constitución para que el procurador general no sea designado por el Presidente de la República, afirmó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero.
El jurista explicó que es un ideal y que está contenido en el programa de gobierno del presidente Luis Abinader.
Sostuvo que la Constitución le atribuye al procurador unas competencias que si hubieran sido por ley se habrían resuelto, pero al ser de carácter constitucional es necesaria una modificación a la Carta Magna, y entre estas, cita tratar la política criminal del Estado y el manejo del sistema penitenciario.
“El presidente ha propuesto, y lo propuso siendo candidato, la creación de un Ministerio de Justicia que se haga cargo de estas tareas, pero eso es imposible pasarlo a un ministerio sin reformar la Constitución, porque son atribuciones que se las da la Constitución al Procurador General”, señaló.
Esto sería convertir al procurador en un fiscal general que no sea nombrado por el presidente y que solo se encargaría de esa función, y lo que tenga que ver con la construcción de cárceles, administración y discusión de la política de persecución del crimen, que lo haga el Ministerio de Justicia.
De materializarse esa idea, tanto el fiscal anticorrupción como el electoral, no serían designados por el presidente, y aunque no se ha hecho la reforma se ha pensado en que sean designados por un órgano como el Consejo Nacional de la Magistratura.
El sistema actual establece que el procurador general tendrá 14 adjuntos, de los cuales siete son nombrados por el presidente de la República y siete por el titular del Ministerio Público, pero el mandatario aspira a que esos siete que les tocó nombrar sean los últimos designados por un gobernante.
Había mucha ilegalidad
Hacer que el gobierno se mantenga operando en legalidad, a través de sus dependencias, no es tarea fácil, y aunque el presidente Abinader anunció una serie de iniciativas tendentes a apuntalar la legalidad y transparencia, todavía no han comenzado a dar resultados, porque algunas están en el Congreso y otras son muy recientes.
Peralta dijo que todo el trabajo que ha realizado la Consultoría Jurídica ha sido someter al gobierno a la legalidad, ya que al asumir la administración pública encontraron que estaba muy lejos de la legalidad vigente, que aun no es a la que se aspira.
Puso de ejemplo que han encontrado un ministerio con 12 viceministros, otros con seis y siete, cuando la Ley orgánica de la Administración Pública solo permite seis viceministerios y los mismos deben estar creados por otra ley.
Explicó que se remitió al Congreso un proyecto para crear por Ley los viceministerios que están funcionando.
“No es crear más viceministerios, sino que aquellos que están creados por asunto de funcionalidad se como manda la Constitución”, explicó.
Que renuncien
Reveló a El Día que se ha reunido con algunos funcionarios nombrados al final de la gestión pasada en instituciones cuyas leyes orgánicas establecen que el titular debe estar por cuatro años, a los cuales les ha pedido que renuncien.
Algunas de estas dependencias son Proconsumidor, las superintendencias de Valores y de Pensiones, Procompetencia en las que todavía permanecen los funcionarios designados en la administración de Danilo Medina.
Hasta ahora la única que ha renunciado ha sido Anina del Castillo, de Proconsumidor.
Procesos en curso
—1— Odebrecht
En los próximos días el gobierno anunciará el estatus de las consultas a los contratos con Odebrecht.
—2— Bienes robados
Ya la comisión de abogados designada para recuperar los bienes del Estado comenzó a trabajar.
—3— TSA
Se busca expandir el TSA a las regiones.