El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó ayer a dos años de prisión y al pago de una indemnización de 50 millones de pesos a un asesor fiscal y a tres entidades comerciales, acusados de defraudar con más de 200 millones de pesos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
En el aspecto penal el tribunal, integrado por los jueces Giselle Méndez, Tania Yunes y Yisel Naranjo, declaró culpable a José Reynaldo Santana Tapia de cometer el delito de defraudación tributaria, sancionado por los artículos 236 , 237 y 239 de la ley 11-92 que instituye el Código Tributario de la República Dominicana, en perjuicio de la DGII y lo condenó a dos años de prisión y al pago de una multa equivalente a 30 salarios mínimos.
También declaró culpables a las entidades ligadas a Santana Tapia, entre éstas José Santana Consulting, SRL, Bienes Raíces Ramsés, S.A., ambas representadas por el encartado, y Ramsés Inmobiliaria, S.A, y le condenó al pago de 30 salarios mínimos.
En tanto que el tribunal rechazó la solicitud de decomiso hecha por la parte acusadora, al no poderse establecer que se trata de mercancías producto sobre elementos utilizados para la comisión de la defraudación, y en consecuencia ordenó su devolución.
Ordenó la notificación de la sentencia al juez de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional.
En lo civil
Los jueces acogieron la acción civil formalizada por la DGII contra los imputados, la cual había sido admitida en el acto de apertura a juicio y por consiguiente condenó a los demandados al pago de una indemnización ascendente a 50 millones de pesos, como justa reparación por los daños y perjuicios sufridos por la DGII con esa acción, también los condenó al pago de las costas civiles del proceso en favor de las partes gananciosas.
En esta audiencia el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal María Cristina Benítez, directora del Departamento de Litigación 2 (litigación final).
Aunque las alegadas acciones fraudulentas iniciaron en el 2009, los encartados solo han sido procesados por los tres últimos años, porque la prescripción en esa materia es de tres años.
La denuncia fue puesta el 30 de septiembre del 2014 por la DGII, por los que se les imputan los hechos cometidos en el 2011 hasta el 2014 y los allanamientos iniciaron el 23 de octubre del año 2014.
Según la acusación, desde junio del 2011 hasta agosto del 2012, las declaraciones impositivas hechas por la parte imputada superaba los 117 millones 696 mil 954 pesos, más otra partida de 90 millones 364 mil 477 pesos.
La imputación es por estafa, uso de documentos falsos, falsedad en documentos públicos o de bancos, falsificación de documentos privados, de valores fiscales y defraudación tributaria.
UN APUNTE:
Medidas coerción
Aunque la defraudación tributaria no es un tipo penal nuevo, a partir del año pasado es cuando más procesos penales se han abierto contra evasores de impuestos que han defraudado al Estado con miles de millones de pesos. Sólo en el Distrito Nacional en el 2018 se conocieron al menos 20 medidas de coerción contra empresarios y asesores fiscales que han constituido entramados fraudulentos. Una de sus maneras de operar ha sido la reducción de impuestos mediante uso de facturas falsas con valor fiscal emitidas por compañías ficticias.
El 31 de mayo del pasado año, la jueza Patricia Padilla envió a juicio de fondo a Santana Tapia y las tres razones sociales por falsificación de documentos y lavado de activos en perjuicio de la Dirección General de Impuestos Internos.
“Hemos verificado que múltiples empresas se han dado a la tarea de ejecutar complejos mecanismos de defraudación fiscal que benefician a las razones sociales a favor de quienes se emiten las declaraciones”, señala el Ministerio Público.
Domingo Berigüete, elnacional.com.do