SANTO DOMINGO.– Alexis Medina Sánchez, principal acusado por el Ministerio Público en la Operación Antipulpo, aseguró que desde que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) perdió las elecciones fue sometido a una zozobra diaria y presión insoportable.
Medina afirmó que los fiscales de la Procuraduría destruyeron sus pertenencias y sus oficinas por entender que el imputado estaba ocultando pruebas. Ante esto, el empresario garantizó que quiso mostrar pruebas de los señalamientos, pero nunca se le dio la oportunidad.
Asimismo, el imputado sostuvo que es cierto que tiene varias empresas en el mismo edificio, pero aseguró que esta acción no constituye un delito contra el Estado porque, según reiteró, cuenta con pruebas que demostrarían la legalidad de sus negocios.
Dentro de este referido edificio donde se encontraban sus empresas, Medina reveló que está instalada una oficina de General Supply del expelotero Sammy Sosa, su encargado jurídico y su hermano, desde donde se distribuye cemento asfáltico AC-30.
“Tuvimos que cerrar todas las empresas, incluyendo la de Sammy, porque nos tenían en una constante zozobra y amenazas para desmantelar las oficinas”, expresó Medina.
En su turno de defensa, el empresario aseguró que los medicamentos exclusivos que vendía al Estado eran autorizados por laboratorios dominicanos que le otorgaban un poder para distribuir medicamentos de alto costo. Por tanto, según Medina, no existe ilegalidad en las ventas.
En cuanto a sus relaciones comerciales con Francisco Pagán, Medina refirió que se asoció con el exfuncionario porque las remodelaciones de hospitales “eran urgentes” y fueron cedidas a la OISOE “por la lentitud” que presentó el Servicio Nacional de Salud en los remozamientos.
En el tema de los brazaletes electrónicos referidos constantemente por Yeni Berenice Reynoso, Medina garantizó que no tiene ninguna relación comercial con la empresa que vende los grilletes a la Procuraduría, como aseguró la procuradora adjunta, y agregó que es falso que reciba beneficios económicos por la venta de los identificadores del Ministerio Público.
Antes de exponer sus argumentos, Reynoso le pidió al juez Alejandro Vargas que imponga un año de prisión preventiva en contra de Medina, declarar el caso complejo y ordenar el cierre de todas las empresas dirigidas por el imputado.
La Procuraduría acusa a Alexis Medina de ser el cabecilla de una estructura de exfuncionarios, así como a “proveedores privilegiados y testaferros” cuya finalidad era cometer supuesta corrupción administrativa.
Supuestamente, los apresados “aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas durante el pasado período de gobierno”.