Santo Domingo, RD.-Varios dueños de bancas que fueron afectados por el supuesto fraude en la Lotería Nacional, cometido en mayo de 2021, no se pudieron querellar porque sus establecimientos no son legales, según el Ministerio Público.
Así lo estipula el expediente acusatorio de los fiscales en contra del grupo detrás del presunto fraude, resaltando que más de la mitad de las bancas que operan en el país no son reguladas por el Estado.
“Aproximadamente el 60% de las bancas que existen en el país no son reguladas; situación que ha provocado que decenas de dueños de bancas que fueron estafados por la red objeto de la presente acusación no se hayan querellado en virtud de que operaban al margen de la Ley”, leía parte del referido documento.
Por tal razón sólo figuran cuatro bancas como las estafadas, en la investigación del órgano persecutor, denominada “Operación 13”.
Se trata de los consorcios “Doble Play”, “La Esperanza”, “La Suerte” y “Báez Sport”, que, de acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de Corrupción Administrativa (Pepca), presentaron pérdidas de RD$23,728,801 por la supuesta movida.
Ese monto se debe a las 2,929 apuestas que se realizaron al “bolo ganador”, en dos fechas distintas: el 10 de abril y 1 de mayo del año pasado.
La banca más afectada, según el expediente, fue La Esperanza, que perdió más de 9.7 millones de pesos en un solo día por la maniobra; a este le sigue La Suerte, con RD$7.6 millones; luego Báez Sport, con poco más de seis millones de pesos, y al final está Doble Play, con RD$330,205.
En tanto, el establecimiento en donde se presentaron más jugadas en los días anteriormente señalados fue La Suerte, donde se hicieron 2,162 de las 2,929 apuestas.
Querellantes
Entre los querellantes figuran Sigfredo de la Rosa Beato, alias Doble Play; Ramón Antonio Báez Henríquez, propietario del Consorcio de Bancas Báez Sport; Ramón Antonio Bretón Marmol, socio del Consorcio de Bancas La Esperanza.
También Pedro Francisco Guzmán Castro, socio de La Suerte; Anthony Cruz Martínez, socio de la banca Antonio Cruz; Joel Guzmán Álvarez, socio director de la Banca Salce; Luis Marrero y Evelyn Hued Estrada, representantes de las entidades comerciales Gstar Services y UD Group Dominicana.
Asimismo, está presente como querellante el Estado dominicano.