BOGOTÁ — La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado al Gobierno colombiano para que actúe frente al asesinato de defensores de Derechos Humanos, ya que el año pasado 107 de ellos fueron víctimas de ese delito en el país.
«De acuerdo a nuestros registros, 107 defensores fueron asesinados el año pasado», dijo en un video del organismo Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en Ginebra (Suiza).
En el mismo, la funcionaria destacó que el equipo de la ONU en Colombia «sigue en proceso de verificación de 13 casos adicionales que fueron reportados a lo largo de 2019, los cuales, de ser confirmados, aumentarían el total anual de muertes a 120 asesinatos».
Según la ONU, la mayoría de los 107 asesinatos en 2019 ocurrieron en áreas rurales, casi todos (98%) en municipios con economías ilícitas donde operan grupos criminales o grupos armados, y el 86% del número total tuvo lugar en aldeas con una tasa de pobreza superior al promedio nacional.
«Si bien más de la mitad de los asesinatos ocurrieron en solo cuatro departamentos: Antioquia (noroeste), Arauca (nordeste), Cauca (suroeste) y Caquetá (sur), los asesinatos se registraron en 25 municipios diferentes», señaló la ONU en un comunicado sobre el tema.
El organismo precisó también que los defensores de DDHH más afectados por la ola de asesinatos fueron aquellos «que abogaron en nombre de grupos étnicos específicos», como indígenas y afrocolombianos.
«Los asesinatos de defensoras de los derechos humanos aumentaron en casi un 50% en 2019 en comparación con 2018», precisó el texto de la ONU.
Hurtado, entre tanto, advirtió en el video que la tendencia no muestra desaceleración en el 2020, y destacó que, según información preliminar, «al menos 10 defensores de derechos humanos habrían sido asesinados durante los primeros 13 días de enero».
Por último, la ONU pidió al Gobierno colombiano un «extenuante esfuerzo» para prevenir estos ataques, para investigar «todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones», ya que, señaló, la práctica se ha convertido en un «ciclo vicioso y endémico de violencia» e impunidad.