SANTIAGO (Sputnik) — Más de 80.000 personas se manifestaron en Santiago para exigir al Gobierno chileno que ponga fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y la deuda bancaria que mantienen gran parte de los universitarios.
Los dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) señalaron a los medios que presentarán una propuesta «seria y realista» al Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet para que se condone la deuda del CAE.
«El Estado está gastando más del tres por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) para financiar armas y tanques y esperamos que haya un criterio también para financiar la educación», afirmó a la prensa el dirigente estudiantil Patricio Medina, quien demandó «más apertura» a la ministra de Educación, Adriana Delpiano.
La ministra expresó hace unos días que el fin a la deuda del CAE «es imposible» de incluir en la reforma a la educación superior que se tramita en el Congreso.
Actualmente, el costoso valor de las carreras universitarias del país sudamericano obliga a un amplio número de jóvenes a solicitar créditos a las instituciones financieras, que luego deben ser retribuidos con intereses de por medio.
Desde la primera asignación del CAE, en 2006, más de 808.000 estudiantes se encuentran endeudados bajo este sistema de financiamiento.
En esta segunda marcha estudiantil del año, miles de personas protestaron además para exigir la gratuidad universal en la educación superior, una mayor calidad en la enseñanza y el fin al lucro en los establecimientos educativos.
La manifestación se llevó a cabo en Santiago y se replicó en varias regiones, con enfrentamientos aislados entre Carabineros (policía militarizada) y manifestantes.
Algunos estudiantes denunciaron la represión policial sufrida durante la jornada de movilizaciones a los medios y a través de las redes sociales.
Los chilenos protestan desde 2011 para exigir al Gobierno un sistema educativo público, gratuito y de calidad.
La reforma a la educación fue uno de los pilares de la campaña de la actual jefa de Estado, que se comprometió a poner fin al lucro y garantizar el acceso a las universidades y centros de formación técnica a los jóvenes de más bajos recursos.
Sin embargo, las federaciones de estudiantes universitarios denuncian que sus propuestas no han sido tomadas en cuenta en la discusión de la ley de educación.