Ginebra, 8 mar (EFE).- La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos observó un aumento de la violencia contra las comunidades rurales y los líderes sociales en Colombia en 2021, debido a la expansión territorial de grupos armados y bandas criminales, denunció hoy la alta comisionada Michelle Bachelet.
En su informe sobre la situación en el país suramericano ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Bachelet documentó 78 masacres, 100 homicidios de defensores de los derechos humanos y 54 de excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Ante ello, la alta comisionada hizo un llamamiento al Gobierno colombiano para que aumente la presencia de las autoridades estatales civiles en los territorios más afectados por esta violencia, y pidió la adopción de «una política de desmantelamiento de organizaciones criminales» en consulta con la sociedad civil.
Pese a esta violencia, Bachelet valoró los «pasos significativos para la consolidación de la paz, la democracia y la participación política» en los cinco años transcurridos entre el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC.
«Celebro los importantes avances en justicia transicional alcanzados por la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas», recalcó Bachelet, quien pidió a las autoridades que apoyen ese trabajo independiente protegiendo a víctimas y testigos.
Por parte colombiana, la viceministra de Asuntos Multilaterales María Carmelina Londoño reconoció que la presencia de grupos criminales que luchan por el control de economías ilícitas son uno de los desafíos más importantes que afronta Colombia.
Estos grupos «son el motor de organizaciones criminales que forman parte de redes internacionales de narcotráfico, son fuente de financiación del terrorismo y el primer factor de violencia y amenaza de derechos humanos de nuestra población», afirmó.
Los esfuerzos institucionales en materia de defensa y seguridad han logrado debilitar algunas de estas organizaciones, «como el Clan del Golfo, responsable de cientos de crímenes contra la población», aseguró Londoño.
Sin embargo, «mientras se sigan alimentando el narcotráfico y todo tipo de economías ilegales, los esfuerzos institucionales serán insuficientes y los más vulnerables seguirán enfrentando la amenaza que representan los grupos criminales», aseguró la viceministra.
La alta comisionada destacó por otro lado que en 2021 su oficina documentó 54 casos de «privaciones arbitrarias de la vida» por parte de las fuerzas públicas colombianas, incluyendo 28 debido al uso «innecesario o desproporcionado de la fuerza» durante las protestas del Paro Nacional iniciadas en abril.
El Gobierno «debe garantizar el derecho a la reunión pacífica mediante el respeto estricto de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza», resaltó Bachelet.
Por parte colombiana, la viceministra de Asuntos Multilaterales María Carmelina Londoño reconoció que la presencia de grupos criminales que luchan por el control de economías ilícitas son uno de los desafíos más importantes que afronta Colombia.
Estos grupos «son el motor de organizaciones criminales que forman parte de redes internacionales de narcotráfico, son fuente de financiación del terrorismo y el primer factor de violencia y amenaza de derechos humanos de nuestra población», afirmó.
Los esfuerzos institucionales en materia de defensa y seguridad han logrado debilitar algunas de estas organizaciones, «como el Clan del Golfo, responsable de cientos de crímenes contra la población», aseguró Londoño.
Sin embargo, «mientras se sigan alimentando el narcotráfico y todo tipo de economías ilegales, los esfuerzos institucionales serán insuficientes y los más vulnerables seguirán enfrentando la amenaza que representan los grupos criminales», aseguró la viceministra.