Esta delimitación incluye áreas marítimas que ya habían sido oficializadas como propias por parte de Argentina ante la ONU desde el 2009.
El Gobierno argentino acusó a Chile de intentar apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina, tras dos decretos del presidente Sebastián Piñera en los que fija los límites de su país en los mares australes.
La medida, que fue publicada este viernes en el Diario Oficial, el Boletín Oficial chileno, y fechada el pasado 23 de agosto, establece unas normas que fijan la plataforma continental de su país a partir de las 200 millas náuticas desde las islas Diego Ramírez, al sur del cabo de Hornos.
Sin embargo, esta delimitación incluye áreas marítimas que ya habían sido oficializadas como propias por parte de Argentina ante la ONU desde el 2009.
En un comunicado, la Cancillería argentina señala que Chile «pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos».
«Consecuentemente, la citada pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos», indica la nota difundida este sábado.
Buenos Aires indica que esta medida pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16´ 0, la cual no está en consonancia con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984.
De acuerdo a los términos del Estado argentino, el límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se refleja en la Ley Nacional 27.557, sancionada el 4 de agosto del 2020 por unanimidad.
Según Buenos Aires, esta ley recoge en una norma interna la presentación efectuada por el Gobierno sobre dicha zona ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de la Cancillería argentina. Esa presentación se ajusta al Tratado de Paz y Amistad y fue aprobada «sin cuestionamientos» por dicha Comisión para establecer un límite marítimo definitivo y obligatorio de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Además, la Cancillería recuerda que «ni la presentación ni la decisión de la Comisión fueron objetadas por Chile».