La  urgencia de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado

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Por Rommel Santos Díaz

La construcción  de un instrumento jurídico capaz de detener y perseguir las cúpulas del crimen organizado  en la región de  Latinoamérica y  el Caribe  constituye una urgencia en los actuales momentos  para detener los avances del crimen  transnacional organizado

Se  trata de una Corte  complementaria de las jurisdiccionales nacionales, independiente con una estructura flexible  que no esté supeditada a ningún organismo  regional  y  que cuente con el apoyo necesario de los Estados de la Latinoamérica y  Caribe.

La  Corte Penal  Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen  Transnacional Organizado  tendrá  la competencia para hacer frente a cualquier grupo  de organización criminal  que cometiera el tráfico ilícito de estupefacientes, el tráfico de armas. El  tráfico de personas, de niños, de bienes culturales y  lavado de activos.

Según los expertos en materia de seguridad de  América Latina, esta región alberga el 9 por ciento  de la población mundial y el 33 por ciento de los homicidios se dan en la referida región, desafiando  de ese modo  todo el andamiaje de protección de los derechos  humanos  y la lucha contra el crimen organizado.

La creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Organizado, por sus siglas  ( COPLA) , cuenta  con un Anteproyecto de Estatuto  realizado por un grupo de juristas  expertos  en derecho internacional, derecho penal e integración regional coordinado por  el reconocido abogado Christian  Cao de la Argentina.

Los analistas  de Latinoamérica y Caribe  en materia de crimen transnacional organizado  concuerdan en que hoy en día la criminalidad organizada  busca y persigue  grandes cantidades de  dinero  para poder  financiar y potenciar el desarrollo y despliegue de los crímenes transnacionales.

El siglo XXI demanda con urgencia la creación de un tribunal de carácter complementario  a los sistemas de justicias nacionales que persiga  de manera  sistemática  a las cúpulas de las organizaciones  criminales de Latinoamérica y el Caribe.

Cabe destacar que el  Proyecto de Estatutos de la COPLA define un grupo delictivo como una ¨asociación  o banda compuesta por 3  o más personas  que tenga  cierta organización  interna  y  cuya finalidad  sea  la de cometer  algunos  de los delitos  considerados transnacionales.

La  Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional  Organizado  pretende  ¨juzgar a personas  que dirigieren , organizaren, administraren  estas  organizaciones criminales¨ y ¨ ser colaborativa  a las Cortes nacionales a través  de lo  que el Anteproyecto de Estatuto  establece  como la clausula  de habilitación  que actúa  en los casos  en los  que el Estado  no haya podido o  querido juzgar los delitos¨.

Los mecanismos  que activan  el ejercicio de la COPLA  se fundamentan en el carácter regional  de la misma para lo cual  necesita una Fiscalía  fuerte,  que sea un sistema  acusatorio  donde el poder de investigación  recaiga pura y  exclusivamente en el fiscal , activando el ejercicio de la Corte  cuando un Estado parte remita  la situación  a la Fiscalía  para  que de inicio a una investigación.

Partiendo de que América Latina  es una de las regiones más violenta  del mundo, con mayores niveles de homicidios dolosos y mucho de estos crímenes tienen que ver con la criminalidad organizada  , es que se hace necesario  impulsar con firmeza la Corte penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado ( COPLA).

El consenso regional apunta hacia la necesidad urgente de creación  de la COPLA para dar respuestas a los grandes desafíos de las organizaciones  criminales que inciden en toda la región de Latinoamérica y el Caribe.

En  la República Dominicana  la COPLA cuenta con un amplio respaldo de las Organizaciones de la Sociedad Civil y Organizaciones No Gubernamentales de carácter diverso, así como de connotados académicos del derecho, abogados, abogadas y actores de primera línea en el ámbito del que hacer jurídico dominicano en el marco de la campaña a favor de que especialmente los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos adopten una resolución de apoyo a la creación de esta importante institución judicial para América Latina y  el Caribe.