Por Iván Suriñah
Estamos acostumbrados en nuestro país a que cada cuatro años haya elecciones para elegir nuevas autoridades o permanecer con las mismas que gobiernan, esa cultura al transcurrir de los años , generacionalmente debiera traer consigo nuevas perspectivas de avance, para el país y sus ministerios públicos o dependencias del Estado dominicano.
Así lo espera el pueblo y algunos sectores de la población. Como también nuevos nombramientos de funcionarios, relacionados, empleados de menores rangos.
En este proceso de espera están pendientes las expectativas de un pueblo, que está repleto de esperanzas con intrigantes respuestas, de los aportes que significarán, elegir un presidente por otro, un funcionario por otro. También la gran cantidad de cancelados o la sustitución de personal en cada dependencia. Esta vez, con la particularidad de que se realiza en medio del estado de emergencia que vive el país, lo que convierte esta práctica en más deleznable de lo que es de por sí.
Refiriéndome a los cancelados de una de esa dependencia del Estado, como lo es el caso de la CAASD, puedo referirme, por experiencia propia, sobre el mal manejo de las funciones administrativas por parte de sus nuevas autoridades y gerentes administrativos .
Estos no saben aplicar las normas y procedimientos para informar y orientar a aquellos cancelados que buscan cartas de despidos y certificaciones para ir al Ministerio de Administración Pública (MAP), dependencia estatal que tiene como objetivo calcular las prestaciones laborales de los despedidos y transferirlos a dicha institución para que le otorguen sus prestaciones correspondientes .
Sucede que esa dependencia después de despedir masivamente aquellos empleados que realizaban labores sobre asuntos sociales, dando asistencia en los barrios a los sectores que no les llega el agua, los mismos están siendo atropellados con acciones que desconocen su trabajo realizado y que repercuten negativamente en esos sectores , tales como la emisión de cartas reduciendo los días de labores , y a la vez , solicitándoles rehacérselas con diferentes fechas en perjuicio de aquellos.
Con el objetivo de extender el tiempo de solicitudes de certificación, que es la que exige a los cancelados el MAP para el cálculos de las prestaciones , como es mi caso y el de otros más, que con la misiva de cancelación nos tenemos fechas programadas para retirar dicha certificación de esa identidad , para cumplir la demanda de dicha gestión.
Aunque no se dicen abiertamente cuáles son los fines de esa nueva estrategia, es fácil intuir su propósito tramposo y mezquino: lesionar los derechos de los trabajadores.
Creemos sinceramente, que el presidente de la Republica es ajeno a estos manejos turbios, pues contradicen su estilo de gobernar y hacer las cosas, según está demostrando, por lo cual llamamos a tomar carta en el asunto para borrar esa mancha con la que lo quieren marcar funcionarios desaprensivos.