Por Alfredo Zaiat
El estallido social en Chile, con muertes, heridos y masivas movilizadas, tiene como disparador el aumento del costo del metro. Pero la rebelión popular no fue por esa suba que castiga a los sectores medios y bajos de la población.
La reacción social, con participación mayoritaria de jóvenes, es la manifestación más contundente de rechazo a un modelo de exclusión.
El mejor alumno del conservadurismo en América latina, puesto como ejemplo por las fuerzas políticas, académicas y mediáticas dominantes, está exhibiendo los límites económicos, sociales y políticos de una sociedad dominada por el neoliberalismo desde que fue impuesta a sangre y fuego por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
El Gobierno de derecha liderado por Sebastián Piñera desde 2018 subió el precio del pasaje del metro consiguiendo como respuesta la quema de varias estaciones y vagones, cortes de carreteras, cacerolazos y la convocatoria a una huelga general.
El despliegue de militares, decretar el estado de emergencia y ordenar el toque de queda refleja el carácter autoritario de la Administración Piñera. Confirma, otra vez, que las políticas de ajuste ortodoxas se imponen ya sea por medio del disciplinamiento social o por la represión.
Piñera retrocedió ante la reacción popular al anunciar la suspensión del alza de la tarifa del metro. Pero la furia no cesó.
Aquí aparece la limitación de cierta clase política para la comprensión de cuáles son los motivos profundos del estallido. Es evidente que no es solo por el aumento del transporte. Existe una organización de una sociedad con servicios básicos privatizados, consolidada en más de cuatro décadas, que alcanzó los límites de la tolerancia al despojo.
Umbral de tolerancia
La crisis chilena convoca a un debate que, por supuesto, no está presente en la mayoría de los medios colonizados por el discurso conservador: ¿cuál es el umbral de tolerancia de la población a las medidas de ajuste?
Es un interrogante que no tiene respuesta inmediata porque los procesos políticos, sociales y económicos no se pueden prever, en el sentido de saber exactamente cuándo puede producirse la reacción social a un ajuste. Pero en algún momento suceden y no debería ser una sorpresa.
En Chile, el aumento de la tarifa del metro actuó como el factor que expresó ese umbral de tolerancia.
Existen diferentes experiencias en la región —semanas pasadas fue el aumento del combustible en Ecuador— que muestran que no hay una sola señal o situación que pueda adelantar o definir cuál es el umbral de tolerancia de la población a los ajustes.
Por ejemplo, en el caso argentino fue la imposición de un corralito que impedía sacar los depósitos bancarios en 2001 lo que provocó la rebelión popular.
Existe en un sector importante de la población la idea, instalada con éxito por el poder hegemónico, de que es necesario sufrir para vivir mejor en el futuro. Es un dogma religioso que el credo neoliberal ha logrado consolidar en el sentido común.
Piñera prometió un futuro venturoso y lleno de esperanzas. Esa promesa se monta sobre el dogma de sometimiento de sufrir hoy para alcanzar un futuro de bonanza.
Es un engaño que, paradójicamente, tiene mucha aceptación. Es una invitación a un futuro mejor pero castigando hoy a las mayorías y beneficiando a una minoría.
Cuando se avanza en el debate sobre los umbrales de tolerancia al ajuste, en los estrechos márgenes que deja el discurso único, se podrá aproximar una respuesta al interrogante de cuánto más puede soportar el ajuste neoliberal la mayoría de la población.
Más que el metro
El jugador de fútbol y capitán de la selección chilena, Gary Medel, publicó en su cuenta de Twitter: «El descontento de Chile es evidente. Ojalá las autoridades escuchen al pueblo y dejen de jugar con él. ¡Es hora que se pronuncien y dejen el silencio para la violencia no siga!».
Más relevante fue que ese mensaje estuvo acompañado de un folleto que decía: «No es el metro. Es la salud. Educación. Pensiones. Viviendas. El sueldo del parlamentario. Aumentos de la luz. Es el aumento de la bencina. Es la dignidad de una sociedad».
En pocas palabras deja expuesta que la rebelión al aumento del transporte ha sido solo la punta del iceberg de la crisis que está padeciendo la mayoría de los chilenos.
El modelo económico neoliberal chileno tiene como saldo una profunda desigualdad. La brecha socioeconómica es una de las más agudas de la región.
El último informe Panorama Social de América Latina de la CEPAL ofrece cifras contundentes de esa desigualdad. El 1% más rico de Chile se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos solo retuvo el 2,1% de la riqueza del país.
Otra cifra entregada fue que el sueldo mínimo es equivalente a 423 dólares, según el Instituto Nacional de Estadísticas, y la mitad de los trabajadores recibe un salario igual o inferior a 562 dólares. O sea, cerca del mínimo. Un aumento del transporte pone bajo máxima tensión esos ingresos, más aún cuando es uno de los más elevados en relación al ingreso medio.
Franco Basso, director del Centro de Innovación en Transporte y Logística de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales, publicó en su cuenta de Twitter un estudio que lo presentó del siguiente modo: «¿Cómo anda el costo del transporte público en Santiago en función del ingreso medio?».
Lo que hizo Basso fue tomar los datos de un reporte realizado por el banco alemán Deutsche Bank que mide el costo del transporte público en diferentes ciudades, publicado por la Revista Forbes, y replicarlo para Santiago. La conclusión fue que de un total de 56 naciones de todo el mundo, Chile se ubica en el noveno país más caro.
Educación
La crisis en los ingresos de la mayoría de la población es por la carga del transporte, salud, educación, vivienda y otros servicios públicos en el presupuesto de los hogares. El deterioro también lo viven los pensionados de un régimen privado que entrega una prestación miserable.
Es un combo devastador para las expectativas de mejorar las condiciones de vida. Es muy ilustrativo conocer el esquema social mercantilizado chileno de la educación, la salud y las pensiones. Y dar cuenta cómo prestaciones indispensables fueron entregadas al negocio privado a costa de afectar el bienestar general.
Desde 1981, la educación se ha mercantilizado y los establecimientos escolares y universitarios puestos en lógica de competencia como probablemente en ningún otro lugar del mundo.
En prácticamente todos los países, la mayor parte de la inversión en educación es realizada por el Estado, generalmente financiando sistemas públicos de enseñanza y subsidiando a los estudiantes y sus familias.
La investigación La crisis de la Educación Chilena de Gonzalo D. Martner precisa que, en promedio, en los países de la OCDE el gasto público representa el 88% del gasto educacional total. En Chile, en cambio, el gasto público representa solo el 51% del gasto educacional total, especialmente por el peso del gasto privado en educación superior y el desarrollo de esquemas de cofinanciamiento.
Martner señala que el nudo de la crisis del sistema de educación chileno es la contradicción entre la percepción mayoritaria de que debe ser un instrumento de inserción y movilidad social, y el hecho de que el acceso a sus beneficios sigue siendo fundamentalmente desigual según los niveles de ingresos de las familias.
Salud
Entre 1952 y 1981, el sistema nacional de salud contaba con cobertura universal, gratuidad y era completamente financiado por el Estado.
En la década de los 80, en plena dictadura militar y promovido por José Piñera, hermano de Sebastián, Pinochet fragmentó el sistema sanitario. Contrajo brutalmente la inversión pública en salud y creó los Institutos de Salud Previsional (Isapres).
Andrés Figueroa Cornejo explica en La crisis de la salud: la privatización a la orden del día que en Chile, el 73% de población integra el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el 17% a Isapres, y el 10% a ninguno de los dos.
Para Fonasa se descuenta el 7% del cotizante, por planilla o voluntariamente, y para Isapres, como piso, el 7%, pero en la realidad, sumando los copagos, adicionales y otros, la administración privada cobra entre 10% y 14% del salario.
Los Isapres son caros, poco eficientes, no hay libre elección (debido a las preexistencias o a los clientes cautivos por la edad), son discriminatorios y antisociales. De ese modo, resultan ser un excelente negocio para sus propietarios.
Como si no bastara, los altos copagos y gastos de bolsillo de la población por atenciones médicas, en cualquiera de los dos sistemas, son de 33% según la Superintendencia del sector.
Vivienda
Los elevados precios de la vivienda están sobreendeudando a la clase media y empuja a muchos pobres a la periferia. Un aspecto interesante de la crisis de la vivienda emerge cuando se compara con la evolución de las remuneraciones.
Un estudio de la OCDE estableció que Chile se encuentra entre los países con peores sueldos y empleos más precarios de la organización.
Gonzalo Durán y Marco Kremerman de La Fundación Sol usando la encuesta oficial, han mostrado que los salarios en Chile no reconocen el valor producido en el trabajo, que en la práctica es capturado por los sectores sociales dominantes.
Estos sectores dominantes, a su vez, concentran gran parte de la propiedad de vivienda y en parte viven de ella. En el 63% de los hogares del quintil más rico existe una importante tasa de ingresos provenientes del alquiler de propiedades urbanas.
La economista Marina Panez destaca que, en Santiago, más del 60% del sueldo se va en el pago del alquiler.
Pensiones
La Superintendencia de Pensiones de Chile informa que el 50% de las personas que cotizaron durante 30 o 35 años en una empresa de pensiones privadas (AFP) se jubiló con montos equivalentes o menores al 82% del sueldo mínimo.
A diciembre de 2018, el 50% de los 684.000 jubilados que recibieron una pensión de vejez por edad (la modalidad más común) obtuvo menos del equivalente a 210 dólares. Y el 50% de los nuevos jubilados, a través de su ahorro personal y la rentabilidad conseguida por una aseguradora, recibió pensiones menores a 76 dólares.
Esto significa que los jubilados están siendo condenados a la pobreza, pese a que en su etapa activa estuvieron obligados a depositar el 10% de su remuneración mensual en una cuenta de capitalización individual, administrada por una AFP.
Por esa administración pagaron también una comisión obligatoria de entre 0,77% y 1,45% del sueldo. Las AFP se apropian del capital de las cuentas de los afiliados y lo invierten en el mercado de capitales nacionales y extranjeros. Esto implica que trabajadores entregan dinero fresco a banqueros y empresarios para que concreten negocios.
Una estafa institucionalizada. Es un sistema que consolidad la desigualdad económica.
Deuda
Transporte, salud, educación, vivienda y pensiones privatizadas deriva en que Chile sea el país con mayor endeudamiento de hogares en América Latina.
La población chilena está obligada a pagar por todo y a endeudarse debido a que los salarios son muy bajos.
La combinación de libre mercado salvaje con representación política deslegitimada constituye la esencia para entender la rebelión chilena.