Por Marcos Teruggi
Crece el cuestionamiento a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Algunos, como el Gobierno de México y el Grupo de Puebla, plantean la posibilidad o necesidad de su renuncia en lo que se considera fue un rol activo en el golpe de Estado en Bolivia. Pero, ¿alcanza con un cambio en la Secretaría del organismo?
El Gobierno de México pidió determinar si Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), «aún cuenta con la autoridad moral necesaria para seguir encabezando la organización». La posición fue expresada a través de Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina, durante la Asamblea General de la OEA realizada el 20 y 21 de octubre.
La Asamblea tuvo lugar en el contexto de las elecciones ocurridas en Bolivia el pasado 18 de octubre, donde resultaron electos Luis Arce y David Choquehuanca, del Movimiento al Socialismo (MAS)[2], en una jornada que Reyes calificó de pacífica y democrática «muy a pesar de usted secretario general y de su misión de observación electoral».
La posición expresada oficialmente por México dio cuenta de la gravedad de la situación denunciada desde el golpe de Estado contra el entonces presidente boliviano Evo Morales en 2019: la participación activa de la OEA, en particular de Almagro, en el entramado golpista.
Las denuncias contra Almagro y la misión electoral de la OEA en Bolivia en 2019 ya habían sido realizadas por diferentes medios de comunicación y centros de investigación. Sin embargo, tomaron una relevancia mayor en vista de los resultados electorales actuales: el MAS alcanzó una victoria cercana a 55%, con más de 20 puntos de diferencia sobre el segundo, Carlos Mesa.
Uno de los argumentos expuestos por el informe de la OEA denunciando irregularidades en 2019 había sido el resultado en 86 mesas de votación, donde el MAS había sacado resultados muy elevados. «Si hacemos una comparación de esas mismas mesas electorales con los resultados del pasado domingo, el MAS en esas mesas ganó con la misma cantidad, o aún más votos», explica la abogada y analista internacional venezolana Laila Tajeldine. Es decir, los resultados de 2020 confirman que los de 2019 fueron correctos y que no hubo fraude.
La nueva evidencia del accionar de la OEA en el golpe en Bolivia volvió a poner a Almagro en el banquillo de los acusados. «Mi país denuncia el afán del secretario general de intervenir en los asuntos internos de nuestros Estados y de lastimar nuestras democracias, lo que ocurrió con la OEA en Bolivia no debe repetirse nunca más», afirmó Reyes.
La OEA de Luis Almagro
Las acusaciones presentadas por el Gobierno de México apuntan específicamente a Almagro por «utilizar sus facultades administrativas para la toma de decisiones políticas que impactan el rumbo de la organización sin someterlas previamente a la consideración de la membresía».
Además, tales decisiones «adolecen de un sustento jurídico y de la información necesaria que permita conocer su motivación y objetivo», destacó Reyes en la asamblea general. Se trata entonces de un problema del organismo, pero particularmente de su secretario general.
Fueron más las voces que señalaron a Almagro. El Grupo de Puebla, por ejemplo, pidió su renuncia: «El papel que jugó en la desestabilización de Bolivia y las relaciones excluyentes que mantiene con otros países del área lo inhabilitan para seguir ejerciendo el papel de mediación y facilitación democrática que debería desempeñar». El documento fue firmado por personalidades políticas como la expresidenta de Brasil Dilma Rouseff y el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.
Por su parte, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) pidió la remoción de Almagro en una carta enviada a los ministros de relaciones exteriores de los Estados miembros de la OEA, por «su papel en los sucesos de octubre de 2019 que se fundamentaron en un informe sin rigurosidad técnica que resultó lesivo para la institucionalidad democrática en Bolivia».
Tajeldine señala que «Almagro ha sobrepasado sus atribuciones y ha llegado a una posición descarada, ha sido uno de los secretarios generales más posicionados a favor de la política de EEUU en la región». Sin embargo, subraya un elemento: el problema estructural de la OEA «desde sus inicios».
A su juicio, una remoción de Almagro, que sería necesaria tomando en cuenta lo sucedido, no resolvería el problema. «La OEA viene a ser formada estructuralmente como un organismo para la legitimación de las políticas de intervención por parte de EEUU en toda la región», observa Tajeldine.
La OEA y el caso Venezuela
La participación de la OEA y centralmente de Almagro en el golpe en Bolivia puso sobre la mesa lo que venía sucediendo en Venezuela desde hace varios años, donde el actual secretario general ha actuado como una de las figuras más agresivas en la política internacional contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
En octubre de 2018 afirmó, desde la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, que «en cuanto a la intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro, no debemos descartar ninguna opción».
El rol de la OEA, y en particular de Almagro ha sido central para la legitimación del «gobierno interino» encabezado por Juan Guaidó. Así, en abril del 2019, es decir tres meses después de su autoproclamación como presidente de Venezuela, la OEA acreditó como representante venezolano al enviado por Guaidó ante el organismo, Gustavo Tarre Briceño, un político que se ha manifestado a favor de acciones de intervención internacional en el país.
El asedio diplomático contra el Gobierno de Maduro es el tema principal de Almagro al frente de la OEA por una razón central: Venezuela es el principal objetivo de la política exterior de Estados Unidos en el continente. La OEA, y centralmente su secretario general, que realiza acciones con las irregularidades señaladas por México, es uno de los instrumentos de Washington para llevar adelante esa política en América Latina.
Esta última Asamblea General del organismo no resultó ser la excepción, y uno de los temas centrales fue Venezuela: las próximas elecciones legislativas del 6 de diciembre.
El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, se encargó de preanunciar la posición que tomaría la Asamblea General ante el tema: «Estados Unidos espera que este organismo apruebe una resolución contundente condenando al régimen de Maduro este año, así como esperamos que todos los Estados miembros no reconozcan las elecciones ilegítimas de Venezuela, pasadas o futuras».
En efecto, la Asamblea General adoptó una resolución para señalar la «carencia de condiciones democráticas mínimas para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela». La resolución tuvo cuatro votos en contra, nueve abstenciones, de los Gobiernos progresistas de México y Argentina inclusive, y 21 votos a favor, entre los cuales, falsamente, el de Venezuela, es decir del enviado por Guaidó.
El Gobierno venezolano no solamente no participó de la reunión sino que, desde abril del 2019 quedó formalmente fuera de la OEA, luego de haber activado dos años antes el mecanismo para retirarse. Tajeldine valora ese retiro como acertado: «El balance que hacemos al respecto es que fue una decisión histórica y necesaria, que respondió a una realidad que sigue existiendo».
Venezuela no es parte del organismo tan cuestionado actualmente por su rol en Bolivia, y conocido de memoria en el caso venezolano: «ya podemos escribir lo que va a decir y hacer la OEA respecto a Venezuela porque es un libreto que se repite una y otra vez», remarca la analista.
Organismos de integración regional
La OEA, conformada en 1948, recobró una centralidad que había perdido en años anteriores debido al debilitamiento de los instrumentos de integración regional construidos recientemente, como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), creada en 2008, o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), en 2010.
Se trató de una política diseñada desde EEUU y aplicada por cada gobierno de derecha que asumió en la región en los últimos años: uno por uno se fue retirando de la Unasur, vaciando la Celac, centralizando la OEA, integrando el Grupo de Lima, formado en 2017 con el fin de asediar diplomáticamente al Gobierno venezolano. Asimismo crearon una alianza de gobiernos de derecha como el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), en 2019.
Así, un instrumento como la Unasur, que tuvo un rol central en el intento de golpe en Bolivia en el 2008, dejó de tener relevancia diplomática. Ese vacío, producto de una correlación de fuerzas favorable a gobiernos con política exterior regional subordinada a la agenda de Washington, fue ocupado por la OEA.
«Instrumentos ya existentes, como la Celac y la Unasur, pueden ser columna vertebral para una verdadera integración de la región», evalúa Tajeldine.
«Es necesaria la formación de organismos que estén realmente subordinados a la normativa internacional y a aquellas normas que van dirigidas a la no intervención de los asuntos internos de los Estados. Y cuando nos referimos a eso no nos referimos solamente a la no intervención militar, sino a todo tipo de intervención, la política, económica, tal como la OEA lo ha venido haciendo», plantea la abogada.
Por lo tanto, mientras por un lado crece el pedido de renuncia de Almagro por su participación en el golpe en Bolivia que costó dos masacres, persecuciones, mayor pobreza, por el otro lado, aparece con más fuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos creados en años anteriores para tener instrumentos latinoamericanos de integración que contengan la diversidad de gobiernos y tengan puntos claros de acción.
Esto último podría comenzar a fortalecerse a partir de la victoria del nuevo Gobierno en Bolivia, que viene a ampliar el mapa de gobiernos dispuestos a avanzar en esa dirección, y ya adelantó que será parte del relanzamiento de la Unasur, el apoyo a la Celac, y que se retirará del Grupo de Lima. Una posible victoria de Andrés Arauz en febrero en Ecuador sería otro paso para ese proyecto continental.