REPORTE ESPECIAL-Mando militar sume a PDVSA en su peor crisis en décadas

CARACAS (Reuters) – El pasado 6 de julio, el mayor general Manuel Quevedo se unió en oración a su esposa, un sacerdote católico y un grupo de trabajadores petroleros en una sala de conferencias de la sede de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Caracas.

El militar de carrera, quien ha llevado las riendas de la atribulada petrolera estatal en el último año, no presenció una misa ordinaria. En la ceremonia, Quevedo y otros altos funcionarios de la industria petrolera venezolana le pidieron a Dios incrementar la producción de crudo.

“Este espacio de paz y espiritualidad”, se lee en un comunicado del Ministerio de Petróleo que luego fue retirado de su página web, “estuvo acompañado por las peticiones de la clase trabajadora dirigidas a la recuperación productiva de la industria”.

El presidente Nicolás Maduro sorprendió a muchos en noviembre de 2017 cuando nombró a Quevedo, un alto oficial de la Guardia Nacional sin experiencia en el sector petrolero, para dirigir PDVSA.

Desde entonces, las acciones de Quevedo han despertado aún más dudas de que él y los demás militares que dirigen PDVSA tengan un plan viable para rescatar la empresa de una deuda aplastante, el éxodo de buena parte de sus trabajadores y una producción menguante, que ha bajado a su menor nivel en casi siete décadas.

Además de suplicar al cielo, Quevedo ha ejecutado en los últimos meses una serie de polémicas medidas que expertos de la industria, empleados y contratistas de PDVSA e, incluso, ciudadanos comunes, dicen está empujando a la ruina a la otrora respetada y rentable compañía.

Soldados armados con fusiles AK-47, siguiendo órdenes de prevenir trampas en los manifiestos de carga, ahora abordan tanqueros para acompañar las inspecciones, creando temor entre muchos capitanes y tripulantes extranjeros.

Los trabajadores que cometan errores al operar los cada vez mas deteriorados equipos de PDVSA enfrentan el riesgo de ser arrestados bajo acusaciones ​​de sabotaje o corrupción. Asimismo, jefes militares con nexos con el sector privado se disputan con otros contratistas lucrativos contratos de servicios y negocios de suministro a la compañía.

En un revés poco difundido de la política gubernamental de nacionalización de la industria, que perduró por casi dos décadas, la falta de experiencia entre gerentes militares está llevando a PDVSA a contratar firmas externas para mantener a flote incluso sus operaciones medulares, como perforar o producir crudo en los campos petroleros.

Para consternación de muchos actores familiarizados con la industria petrolera venezolana, algunos contratos se asignan a compañías poco conocidas sin experiencia en el sector.

Combinadas, las acciones de las Fuerzas Armadas en PDVSA dejan a la compañía más importante del país, responsable de más del 90 por ciento de sus ingresos por exportaciones, con cada vez menos vías para reconstruir las finanzas nacionales, pagar a sus numerosos acreedores y recuperar su holgada autosuficiencia como productor de petróleo, dicen veteranos de la industria.

“Vemos una política de destrucción de la industria petrolera”, dijo José Bodas, secretario general de la Federación de Trabajadores del Petróleo, un sindicato nacional de trabajadores. “Los militares no escuchan a los trabajadores. Pretenden dar órdenes, con el agravante de que desconocen la naturaleza de un trabajo tan complejo”.

“PDVSA SOCIALISTA”

Maduro defiende a los jefes militares argumentando que están más en sintonía con su visión socialista en comparación con profesionales capitalistas de la industria que “explotan” al país para beneficio personal.

“Quiero a una PDVSA socialista”, dijo el presidente a la Asamblea Nacional Constituyente a comienzos de año. “Una PDVSA ética, soberana y productiva. Hay que romper el modelo rentista petrolero”, agregó.

Quevedo, quien es a la vez ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo. Ni el Ministerio de Comunicación e Información ni la oficina de prensa de PDVSA respondieron a llamadas telefónicas o correos electrónicos de Reuters.

PDVSA y el Ministerio de Petróleo han revelado escasa información sobre Quevedo, que tiene 51 años, según su registro de seguridad social. Aunque rara vez hace discursos públicos, a su llegada a una reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en Viena en junio, Quevedo dijo a periodistas que PDVSA era consciente de sus desafíos y esperaba revertir en pocos meses la caída de la producción.

“Esperamos a fin de año recuperar la producción diferida”, dijo en un pronóstico que no se cumplió. “Tenemos la capacidad, hemos llamado a la fuerza de los trabajadores”, agregó.

Casi 20 años después de que el fallecido presidente Hugo Chávez lanzó su “revolución bolivariana”, los problemas se acumulan en Venezuela. Alimentos y medicinas escasean, la hiperinflación ha destruido el poder adquisitivo de los ciudadanos, cada vez más desesperados, y cerca de tres millones de venezolanos han salido del país en busca de una mejor vida.

En PDVSA, la gerencia buscó por mucho tiempo mantener a la empresa funcionando incluso cuando la crisis económica y los declinantes precios del petróleo recortaron los recursos disponibles para invertir en exploración, crecimiento y mantenimiento básico.

Pero sus esfuerzos no fueron suficientes para detener el progresivo deterioro, que condujo a una disminución en la producción aún mayor, daño acumulado en las instalaciones y pérdida progresiva de trabajadores calificados.

Ahora, dicen los críticos, los militares que dirigen PDVSA han dejado de lado cualquier pretensión de manejar la compañía como un verdadero negocio, haciendo poco por detener la veloz caída en la producción o aliviar los problemas financieros, operativos y de personal de la petrolera.

Sin importar el grado de disfunción, PDVSA sigue siendo una rara y crucial fuente de moneda extranjera para la debilitada nación OPEP. Para Maduro, quien llegó a la presidencia después de que Chávez falleció en 2013, la entrega de la compañía a los militares fue un movimiento calculado para comprar la lealtad de oficiales clave, según observadores.

“Ahora nadie va a poder sacar a los militares de PDVSA”, dijo Rafael Ramírez, exministro de Petróleo. En tiempos de Chávez también dirigió la compañía durante una década, pero tras la muerte del mandatario se enfrentó a Maduro, quien lo acusa a él y a otros exejecutivos de corrupción. “PDVSA es un cuartel”, dijo Ramírez.

La petrolera enfrenta dificultades para cumplir sus contratos de suministro a clientes, incluyendo acreedores de China y Rusia que adelantaron miles de millones de dólares al país en la última década a cambio de petróleo.

El mes pasado, Igor Sechin, jefe de la petrolera estatal rusa Rosneft, voló a Venezuela y se quejó ante Maduro por los retrasos en los pagos con crudo, informó Reuters.

Si bien el apetito por el petróleo venezolano en el mundo no ha disminuido, los problemas operacionales durante la gestión de Quevedo han hecho que la producción caiga un 20 por ciento, a 1,46 millones de barriles por día, según las últimas cifras que Caracas reportó a la OPEP.

En enero Quevedo asumirá la presidencia rotativa de la OPEP por un año. Los problemas financieros de PDVSA probablemente demandarán gran parte de su atención.

Se proyecta que el valor bruto de las exportaciones petroleras de PDVSA caerá a 20.900 millones de dólares este año en comparación con los 24.900 millones de dólares del año pasado, según cálculos proporcionados a Reuters por el Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, una escuela de negocios en Caracas.

Hace una década, el valor de las exportaciones era cuatro veces más alto, de unos 89.000 millones de dólares, según datos de PDVSA. La petrolera no ha publicado su balance financiero de 2017 y tampoco estadísticas sobre su gestión este año.

LA PURGA

Poco han dicho públicamente PDVSA y el gobierno de Maduro sobre la transformación militar dentro de sus filas.

Una revisión hecha por Reuters de documentos confidenciales de PDVSA, así como entrevistas con docenas de empleados y extrabajadores, comerciantes, intermediarios, ejecutivos de petroleras extranjeras y socios de negocios con la compañía muestran cómo la Guardia Nacional de Quevedo se está filtrando en todas las facetas del negocio petrolero.

Los documentos incluyen registros de empleo, acuerdos con contratistas y notas internas.

Quevedo ha colocado a más de 100 asistentes y asesores provenientes del mundo militar y de su paso previo por instancias de gobierno en posiciones clave en PDVSA, según una persona familiarizada con registros de recursos humanos de la empresa.

Dentro de su envejecida sede en Caracas, que una vez estuvo repleta de trajeados ejecutivos, los militares están ahora al mando de las decisiones.

Trabajadores dicen que las oficinas de Quevedo, situadas en la planta alta, siguen siendo lujosas. Pero en los pasillos de abajo, la propaganda socialista, incluidos retratos de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, aún decoran las paredes.

El cambio hacia la administración militar ha sido el resultado de una purga en el liderazgo de PDVSA.

Las denuncias de corrupción han permeado a toda la administración pública venezolana en los últimos años. El mismo Maduro es blanco de sanciones de Estados Unidos por presuntos malos manejos y violaciones de derechos humanos, lo que el presidente niega.

En 2017, Maduro hizo públicas sus propias acusaciones contra PDVSA, describiéndola como una guarida de “ladrones”. Acusó a muchos exejecutivos de corrupción y lavado de dinero y argumentó que sus acciones empeoraron la crisis del país. También ordenó el arresto de docenas de altos directivos, incluidos los dos presidentes anteriores de la compañías, el químico Nelson Martínez y el ingeniero Eulogio del Pino.

Martínez falleció este mes en el Hospital Militar de Caracas estando en custodia del Estado, al sufrir un ataque cardíaco mientras se sometía a diálisis renal, dijeron dos personas familiarizadas con el caso.

Del Pino sigue detenido a la espera de juicio. Sus abogados no pudieron ser contactados para hacer comentarios. Una persona familiarizada con su defensa dijo que después de un año en prisión, aún no ha tenido una primera audiencia.

Al momento de la purga, Quevedo había ascendido en las filas de la Guardia Nacional, hasta convertirse en un conocido funcionario al servicio del gobierno.

Su perfil en Twitter suele mostrar una foto del general, un hombre robusto y calvo, con cejas gruesas, revisando papeles con el presidente o sonriendo alegremente a su lado. Su historial consiste casi exclusivamente en retransmisiones de las publicaciones de Maduro.

Desde 2001, Quevedo ha alternado cargos militares y civiles. Tiene una larga relación con Diosdado Cabello, el poderoso vicepresidente del Partido Socialista: fueron compañeros de clase en la academia militar.

Esos lazos llevaron a Quevedo a altos cargos en el Ministerio de Defensa y en un programa creado por Chávez para la entrega de viviendas a personas de bajos ingresos, según boletines oficiales del gobierno y personas que conocen su trayectoria.

En 2014, de nuevo en un puesto de mando en la Guardia Nacional, dirigió una unidad que se enfrentó con manifestantes en las protestas que sacudieron a Venezuela durante cuatro meses. Al menos 43 personas de ambos bandos murieron durante las manifestaciones, provocadas por la escasez de alimentos.

Quevedo fue criticado por muchos opositores por el uso excesivo de la fuerza, lo que negó. Apareció con frecuencia en la televisión estatal en aquel momento, vistiendo casco verde oliva y chaleco antibalas. “Estos son grupos terroristas”, dijo sobre los manifestantes, quienes finalmente se disiparon, lo que lo llevó a declarar que “el golpe ha sido derrotado”.

Complacido con el desempeño de Quevedo, Maduro lo nombró ministro de Vivienda en 2015. En sus dos años en el cargo, nuevamente se convirtió en un entrevistado frecuente de la televisora estatal, donde a menudo aparecía con la camisa roja del movimiento socialista elogiando las políticas de vivienda “humanitarias” del presidente.

Líderes de la oposición se burlaron de lo que dijeron eran exageradas declaraciones de Quevedo, incluida la afirmación, sin pruebas, de que el gobierno erigió más de 2 millones de casas, pese a la escasez generalizada de materiales básicos de construcción. El Ministerio de Vivienda no respondió a una solicitud de comentarios.

En noviembre de 2017, en una redada antes del amanecer, agentes de inteligencia arrestaron a Del Pino por cargos de corrupción. Para entonces, Quevedo era la elección de Maduro para liderar la petrolera, un anuncio que provocó un amplio escepticismo en la industria.

Sin embargo, Quevedo dijo que necesitaría poco tiempo para recuperar el negocio petrolero. “Dame 10 días”, dijo a los conocidos, según una persona que habló con él en ese momento.

Maduro dejó claro el desafío desde el principio. En un discurso durante ‘Venezuela Potencia 2018’, una conferencia organizada por el gobierno para mostrar el potencial de negocios del país, el presidente ordenó a Quevedo aumentar la producción en 1 millón de barriles por día, un alza de casi 50 por ciento en ese momento.

No obstante, Quevedo no ha logrado revertir la curva declinante que dibuja la producción.

Uno de sus primeros desafíos, según personas dentro de PDVSA, fue detener la salida de trabajadores, muchos de los cuales han abandonado la empresa e incluso el país.

PDVSA no ha revelado cifras recientes sobre su fuerza laboral, pero cálculos de IPD Latin America, una consultora de petróleo y gas, indican que tiene unos 106.000 trabajadores, 27 por ciento menos que en 2016.

Debido al aumento en el costo de vida, que ahora supera el millón por ciento interanual según la Asamblea Nacional controlada por la oposición, los salarios de PDVSA se han derrumbado al equivalente de unos pocos dólares por mes para la mayoría de los trabajadores.

Sin dinero y menos tareas que hacer en las depauperadas instalaciones de PDVSA, algunos empleados solo se presentan para comer en las pocas cafeterías de la compañía que siguen abiertas. Firmas navieras dijeron a Reuters que algunos trabajadores a veces abordan embarcaciones para pedir comida.

MALICIA

Para aumentar la mano de obra, Quevedo ha llenado varios puestos, incluidos algunos que requerían conocimientos técnicos, con personal de la Guardia Nacional.

En Jose, un puerto caribeño al noreste de Venezuela que permanece como uno de los pocos terminales en funciones para la exportación de crudo, estos cambios de personal molestan a los compradores.

Algunos capitanes de tanqueros se quejan de tener que lidiar con soldados jóvenes no preparados para verificar detalles técnicos como si la densidad del crudo -un atributo crucial de calidad- cumple con las especificaciones del contrato, según dijeron tres fuentes navieras y un empleado de PDVSA.

La tripulación teme que una bala accidental desde el armamento de los soldados pueda provocar un incendio, mientras se queja de que buena parte del crimen que aflige al país se está abriendo camino a bordo de estas embarcaciones.

Aunque Quevedo les ha encomendado a los soldados que ayuden a detectar focos de corrupción, algunos funcionarios mal pagados terminan pidiendo sobornos, dijeron las fuentes navieras, para autorizar la documentación requerida o completar las inspecciones sin demoras.

“Hay muchos riesgos”, dijo un capitán a Reuters.

El Ministerio de Defensa, que supervisa a la Guardia Nacional, no respondió a llamadas telefónicas de Reuters ni a los correos electrónicos solicitando comentarios.

Incluso usando oficiales militares como sustitutos, PDVSA no ha podido encontrar los trabajadores que necesita para ocupar muchos puestos. Desde el procesamiento de crudo en sus refinerías hasta la negociación de contratos con compradores, la escasez de personal calificado está perjudicando a la compañía.

Un informe interno preparado en noviembre sobre PDV Marina, la unidad marítima de la compañía, dice que la dotación de personal se encuentra en “situación crítica” en la flota de tanqueros de PDVSA, obligando a algunos operarios a trabajar más horas de las establecidas en la contratación laboral.

El “alarmante déficit de personal titular”, según el informe, significa que “no podemos cumplir con uno de los acuerdos laborales (…) interrumpiendo el disfrute de períodos de descanso”.

Asimismo, las tensiones con los jefes militares están acelerando las renuncias y despidos, según trabajadores consultados.

En un incidente en junio, dos tanqueros petroleros atracaron en el puerto de Jose. Uno estaba preparado para recibir crudo pesado, el otro una variedad de petróleo más ligero.

Cuando las embarcaciones estaban en carga, empleados del terminal notaron un error: los crudos se habían mezclado. La equivocación, dijo el gobierno más tarde, obligó a PDVSA a pagar a los compradores 2,7 millones de dólares en compensaciones previstas en los contratos.

La confusión también resultó costosa para nueve empleados de PDVSA.

Poco después del incidente, soldados y agentes de inteligencia arrestaron a los trabajadores bajo acusaciones de sabotaje. “Fue premeditado”, dijo el fiscal general, Tarek Saab, al anunciar los arrestos en televisión pública.

“Las acciones van más allá de la negligencia, aquí hubo malicia”, dijo Saab.

Seis meses después, el gobierno no ha presentado pruebas contra los trabajadores.

Después de permanecer tres días en una hacinada cárcel militar, los trabajadores fueron liberados a la espera de juicio. Dos empleados de la industria familiarizados con su caso dijeron que la confusión se debió a un mantenimiento deficiente, no a un sabotaje.

Un sistema defectuoso de válvulas, endeble después de años sin recibir mantenimiento, provocó que los crudos se mezclaran, dijeron.

Reuters no pudo contactar a los acusados o determinar independientemente la causa del accidente. Colegas de los trabajadores dijeron que tienen órdenes de no hablar públicamente sobre el incidente.

Los arrestos han estremecido a los empleados de PDVSA, especialmente porque soldados y agentes de inteligencia también han detenido a trabajadores en otras instalaciones tras incidentes similares.

En julio, cuatro empleados de PDVSA fueron arrestados al detectarse un derrame de crudo en un río cerca de un campo petrolero en el estado de Monagas, según los trabajadores y medios de comunicación de la zona.

Un trabajador de Monagas dijo a Reuters que turbinas de inyección de agua defectuosas causaron el derrame y que la escasez de vehículos impidió que los empleados llegaran a tiempo al sitio para detener el flujo de crudo.

“No entendemos que una falla ocasionada por la no disponibilidad de recursos se convierte en una excusa para acusar a estos trabajadores de inobservancia o, peor aún, de saboteadores”, dijo. “Se les pide que trabajen sin equipos de seguridad, sin herramientas, e incluso sin comer bien, ni él, ni sus familias”.

Quevedo ha estado creando nuevas asociaciones con la meta de apuntalar PDVSA. En agosto, por ejemplo, dijo que la compañía estaba “abriendo sus puertas” a la negociación de “contratos de servicio” no especificados con siete empresas privadas.

La movida generó inquietud, al ir en contra del sostenido esfuerzo del gobierno socialista por nacionalizar la industria. El mismo Chávez eliminó contratos similares, argumentando que enriquecieron a la empresa privada por un trabajo que debería hacer el Estado.

Según un documento visto por Reuters, las compañías obtuvieron acuerdos por seis años para operar campos petroleros en nombre de PDVSA con el compromiso de aumentar la producción, financiar inversiones y adquirir equipos.

Las empresas incluidas en el grupo son mayormente desconocidas incluso para veteranos de la industria petrolera de Venezuela. Ninguna es reconocida por tener experiencia en la operación de campos petroleros.

El Consorcio Rinoca Centauro Kariña, uno de los que figuran en el documento, no parece tener un sitio web. Reuters no pudo ubicarlo, ni a ninguno de los otros.

Críticos de estos acuerdos y opositores del gobierno dicen que las transacciones no son transparentes. Al mantener alejados los detalles del público, argumentan, PDVSA enfrenta muy poco escrutinio sobre con quién escoge hacer negocios.

“Están buscando mantener las confederación de mafias, su cuota de saqueo al país”, dijo Jorge Millán, un legislador de la oposición que en septiembre lideró una iniciativa en la Asamblea Nacional para denunciar los contratos firmados.

Si bien la militarización de PDVSA no ha revertido el deterioro de la compañía, el gobierno muestra pocos signos públicos de disgusto.

En octubre se anunciaron cambios en la junta directiva de la compañía. Entre los gerentes entrantes está José Rojas, otro general de la Guardia Nacional, en reemplazó de un director civil.

Exejecutivos ​​bromean diciendo que Quevedo sabía lo que estaba haciendo cuando rezó pidiendo ayuda.

“Tiene razón”, dijo José Toro Hardy, un economista que se desempeñó en la junta directiva de PDVSA en la década de 1990. “Haría falta un milagro para que aumente en estas condiciones”.

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