La prohibición total del aborto en República Dominicana atenta contra la salud y vida de las mujeres y atenta contra sus derechos. Así sostiene el Observatorio de los Derechos Humanos en un reporte publicado este lunes.
En el país, el aborto es ilegal sin contemplar situaciones atenuantes como el peligro que pueda correr la madre, que el embarazo sea inviable para la vida o que el embarazo sea producto de violación o incesto.
En su reporte “Es tu decisión. Es tu vida: la criminalización total del aborto en República Dominicana”, Derechos Humanos documenta que “niñas y mujeres con embarazos no deseados tienen abortos clandestinos, poniendo en riesgo su salud y su vida”.
Muchas de estas mujeres, dice el reporte de 78 páginas, “tienen complicaciones de salud o mueren al practicarse abortos de forma no segura; además, experimentan abuso, negligencia y malos tratos de los proveedores de salud”.
Según el Ministerio de Salud Pública, cerca del 8% de las muertes maternas se deben a complicaciones por abortos ilegales, según dijo a Derechos Humanos el titular del Departamento de Medicina Familiar, José Mordán.
“Siempre hemos reconocido que el aborto inseguro es un problema importante de salud porque las mujeres tienen que usar métodos clandestinos para dar respuesta a su situación”, dijo Mordán.
La actual legislación no detiene la práctica del aborto, sino que la conduce a la clandestinidad haciéndola cada vez menos segura. Para garantizar las obligaciones con los derechos humanos de sus ciudadanos, el Congreso Nacional debe despenalizar el aborto bajo las causales: riesgo para la vida de la madre, feto inviable para la vida y embarazo producto de violación o incesto.
Para su reporte, el Observatorio de los Derechos Humanos entrevistó en 4 provincias dominicanas a 50 mujeres y adolescentes con edades entre 15 y 43 años que habían estado embarazadas al menos una vez. Se entrevistó también a expertos de la salud.
La modificación al Código Penal que está en el Congreso contempla penas de hasta dos años de cárcel para mujeres y adolescentes que se practiquen abortos. Además, establece hasta 20 años para los profesionales que lo practiquen, señala el informe.