BOGOTÁ— Un total de 343 líderes sociales fueron asesinados en Colombia desde enero de 2016 hasta el 22 de agosto de este año, reveló la Defensoría del Pueblo de este país.
«Entre el 1 de enero de 2016 y el 22 de agosto de 2018 fueron asesinadas 343 personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos», indicó el organismo en un comunicado con base en reportes que más temprano entregó el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, al presidente colombiano, Iván Duque.
Negret resaltó que la situación podría ser más crítica de no ser por el sistema de alertas tempranas impulsado por la Defensoría, lo que sirvió para advertirle al Gobierno central acerca de escenarios de riesgo en que están las comunidades en distintos lugares del país.»Si no se cumplieran las recomendaciones que hacemos con nuestras alertas tempranas, la cifra de líderes y lideresas asesinados sería superior», indicó el funcionario en su reporte, presentado en el marco de la Segunda Mesa por la Protección a la Vida, realizada en el municipio de Apartadó (Antioquia, noroeste).
Por su parte, la vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros, quien asistió al encuentro, reveló que más de 150 personas han sido detenidas por su responsabilidad en los homicidios, mientras que cerca de 200 han sido vinculadas con esos hechos.
Riveros afirmó que en varias regiones de Antioquia los homicidios se registraron a raíz de que los líderes sociales reclamaron tierras que grupos armados ilegales y empresarios se niegan a entregar a sus dueños legítimos.»Hemos advertido que se trata de un tema evidente de reclamación de tierras y que confluyen en este caso varios factores y varios sujetos, por ejemplo, grupos armados organizados como el Clan del Golfo, empresarios que se niegan a la devolución de tierras a sus propietarios y otra serie de grupos armados que han entrado en un conflicto por la tenencia y posesión de la tierra», señaló la funcionaria, según la emisora local Blu Radio.
La visita de las autoridades al municipio de Apartadó se realizó con el objetivo de reconocer in situ los hechos violentos presentados en esa región y que afectan en su mayoría a líderes sociales.
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