QUITO — El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) calificó como un «atropello» la orden de prisión preventiva dictada en su contra por la justicia nacional por la vinculación al intento de secuestro del político Fernando Balda en 2012.
«Agradezco a todos sus muestras de solidaridad ante este nuevo y grave atropello a la justicia y mis derechos», escribió el 3 de julio en su cuenta de Twitter tras conocer la decisión de la jueza Daniella Camacho.
Asimismo, afirmó que se encuentra bien y pidió a sus seguidores no preocuparse, pues «buscarán humillarnos y hacernos pasar un mal rato, pero una monstruosidad así jamás prosperará en un Estado de Derecho como Bélgica».
Esto con relación a lo que había anunciado previamente sobre la posibilidad de solicitar asilo político en Bruselas, donde reside desde hace un año, aunque no proporcionó más detalles.
Camacho aceptó el pedido de la Fiscalía de sustituir la medida cautelar de presentación periódica ante la justicia por la de prisión preventiva luego de que Correa incumpliera la orden de comparecer cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia a partir del 2 de julio pasado.
La jueza accedió además al pedido de la Fiscalía para que se notifique a la Interpol mediante difusión de alerta roja para su captura y extradición.
Correa justificó su ausencia aduciendo que reside en Bélgica desde hace un año y que debía atender asuntos familiares, sin embargo, se presentó en el consulado ecuatoriano de Bruselas para mostrar su «disposición» a colaborar con la justicia, una acción que no fue aceptada por las autoridades nacionales.
El secuestro del político ocurrió el 13 de agosto de 2012 en Bogotá, cuando cinco personas lo interceptaron y lo embarcaron a la fuerza en un automóvil, que horas más tarde fue detenido por la Policía Antisecuestros de Colombia.
El exlegislador opositor se refugiaba en ese momento en territorio colombiano después de que la justicia de Ecuador emitiera contra él una orden de prisión por atentar contra la seguridad interna del Estado luego de que denunciara que en el Gobierno de Correa se ejecutaban acciones de espionaje en contra de opositores y periodistas.
La justicia nacional vinculó al exjefe de Estado al secuestro de Balda luego de que exfuncionarios señalaran en sus versiones que la orden de raptar al político vino desde Carondelet (palacio de Gobierno) y del propio Correa.