El investigador Internacional Ángel Martínez reveló que el 7 de febrero de 2015 apareció ahorcada en Higüey la joven de 31 años, Nickaury Sánchez y que al día siguiente, 8 febrero, una defectuosa investigación policial, avalada por la fiscalía local, dictó de forma equivocada y festinada que todo fue un suicidio, para ahí mismo enterrar el caso junto con el cadáver, el cual revelaba todos los signos de un asesinato cruel. Con esta actitud se buscaba un aparente intento de disfrazar un crimen como un suicidio.
Dijo el detective Martínez que la manera en que actuó la Policía Nacional en este caso, así como en otros, se explica por la carencia de técnicas investigativas adecuadas o avanzadas, y la falta de voluntad para cumplir con su misión. Amplió que en este contexto se busca las salidas más fáciles, sin agotar los procedimientos que aconsejan una investigación seria, profesional y actualizada.
Ángel Martínez quien tiene una experiencia probada en la investigación moderna internacional siguió diciendo, que salvo algunas excepciones, ello se debe a poca preparación profesional y a que las estructuras policiales en un alto porcentaje están permeadas por la corrupción y el delito en una larga cadena que envuelve a todos los rangos, razón por la cual ha perdido la credibilidad y confianza de la ciudadanía en República Dominicana.
Para sostener su aseveración, Ángel Martínez dijo que de cada diez actos delincuenciales, en 7 hay agentes de la Policía involucrados. “A los policías regularmente se le tira a las calles para que salgan a ‘buscárselas’ con un revolver, sin más ni más, convirtiéndose en un peligro en vez de una protección para el ciudadano”, sentenció el investigador internacional.
Sostuvo el investigador Martínez , quien tiene su base operativa en Miami, Nueva York y Washington, que los familiares de Nickaury Sánchez, la joven asesinada, desconfiaron de la afirmación hecha por el cuerpo del orden de que la joven se suicidó y lo contactaron a él para que se hiciera cargo de la investigación, la cual desarrolló sin recibir a cambio ningún recurso económico de los familiares de la occisa.
Su labor investigativa lo llevó a hablar, en primera instancia, con la Fiscalía de Higüey, la cual desestimó el caso, aduciendo que ahí no había nada que indagar, razón por la cual se dirigió a la Procuraduría General de la República Dominicana, en la que tampoco obtuvo oídos receptivos de parte su personal administrativo, encabezado por Jean Alain Rodríguez Sánchez, de quien dijo que tendrá que responder mucho al juicio de la justicia en la historia de Rep. Dominicana por la marca negativa que está dejando en el ejercicio de sus funciones.
“Esta procuraduría le está haciendo un daño irreparable a la justicia dominicana por su proceder incorrecto, viciado y prestarse a hacer lo que le dicen sus instancias políticas superiores”, afirmó el detective Ángel Martínez.
Manifestó que la recopilación de las evidencias que arrojaron sus indagatorias determinaba que la muerte de la joven aludida se debió a un asesinato, argumentación que también fue rechazada por la Procuraduría, empeñándose en atribuir la causa de la muerte a un suicidio.
El experto detective argumentó que el asesino Joan Antonio Santana vivía acechando a la víctima, Nickaury Sánchez, Quien trabajaba en un banco y a la cual asediaba y agredía, empujado por los celos, antecedentes que ofrecían buenas pistas para la aclaración del caso criminal.
Atribuyó a la ventilación de sus evidencias y argumentaciones en las redes sociales el que las autoridades se animaran a retomar el caso, el cual se complicó al averiguar que el homicida era primo hermano del jefe de los fiscales de Higüey, lo cual amenazaba con estancar la investigación por los conflictos de intereses dentro de la investigación, pero que su acción decidida a través de las redes sociales denunciando la situación con nombres de personas ligadas al caso hizo que la cosa tomara otro giro.
En ese sentido, reconoció la labor desempeñada en el esclarecimiento del crimen por tres juezas Sagrario, Vanesa y Francesca, de Higüey y el patólogo Sarita Valdez, quien fue objetado de manera sospechosa por la fiscalía local para que no se realizara la autopsia de lugar y se conocieran sus conclusiones en corte.
El experto Ángel Martínez reveló que solo la presión pública ejercida a través de la Web logró vencer esa negativa, determinándose luego la culpabilidad del asesino, Johan Antonio Santana a quien le cantaron 20 años de prisión, en un juicio que estuvo lleno de obstáculos y donde la fiscalía del lugar no jugó su papel.